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Represión contra mujeres, sello del morenovallismo

Francisco Sánchez/Intolerancia Diario

A dos días de que el Congreso del Estado apruebe las iniciativas enviadas por el ejecutivo del estado para cumplir con las observaciones que le hizo la Comisión Nacional Contra la Violencia a las Mujeres (Conavim), el poder legislativo ya decidió que no abordará la violencia que se comete por parte del gobierno del estado en contra de las féminas.

Durante los cinco años que lleva la administración de Rafael Moreno Valle se han documentado graves casos de agresiones en contra de mujeres por parte del gobierno estatal, mismas que van desde detenciones ilegales, amenazas, fabricación de pruebas y hasta revanchismo político.

En los casos que presentamos en este material se precisa cuál es el riesgo para las mujeres en Puebla al asistir a un acto del gobernador e intentar manifestarse o al protestar.

Así la protección a las féminas sólo se ve como maquillaje a la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

La detienen frente a RMV por preguntar

El primer caso fue el 17 de diciembre de 2011, cuando el entonces presidente municipal de Tlachichuca, Iván Jonathan Collantes Cabañas, ordenó la detención de una mujer que le preguntó al gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, por qué no habían sido aplicados los programas sociales en su demarcación.

La detención se efectuó frente al ejecutivo quien, según la propia agraviada, volteó la mirada cuando era detenida.

Ese día en entrevista telefónica, María del Socorro Rufina Islas Celestino, quien se encontraba en los separos, explicó que acudió al evento en el cual se haría la entrega de cheques para los afectados por las heladas, por lo que buscó acercarse a Moreno Valle Rosas para que le explicara el motivo por el cual no habían llegado los apoyos sociales a este municipio.

La mujer, que seguía detenida en la cárcel municipal, dijo que el gobernador le respondió que sí habían llegado, pero como ella insistió en que los habitantes de Tlachichuca no habían recibido estos apoyos, fue sujetada por dos mujeres de la Policía Municipal y sacada del lugar. Todo frente a los ojos del gobernador Rafael Moreno Valle.

El caso de Enedina

Otro caso de las agresiones a las mujeres activistas en el actual gobierno es el de Enedina Rosas. Fue a las 12 horas del domingo 6 de abril de 2014, cuando un grupo de policías estatales detuvo a la luchadora social.

La aprehensión de Enedina Rosas Vélez se realizó al salir de una reunión de comisariados ejidales en la localidad de San José Teruel, en el municipio de Tepeojuma, en el valle de Atlixco.

La detención de la Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan se hizo de manera ilegal, pues los policías no mostraron ninguna orden de aprehensión ni tampoco se identificaron, además, amenazaron con armas de fuego a las personas que presenciaron la captura.

La sexagenaria fue acusada de robo agravado. Se dijo que habría usurpado el teléfono celular de dos empleados jóvenes de la empresa italiana Bonatti, encargada de la construcción del gasoducto Morelos. Sin embargo, organizaciones sociales hicieron notar que la líder campesina se había rehusado a firmar los documentos necesarios para que el gasoducto tuviera paso por su comunidad, lo que entorpeció los trabajos impulsados por la Comisión Federal de Electricidad.

Cárcel por mostrar una pancarta contra RUTA

Juana Macuil Coyotl y Angélica Macuil, fueron detenidas en junio de 2014 por el policía Jesús del Campo Meléndez, por orden del entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

La SSP dijo que las dos mujeres participaron en presuntas agresiones a elementos policiacos en Cacalotepec y en el secuestro de unidades del sistema RUTA cuando el proyecto morenovallista cumplía un año y 5 meses sin solventar los problemas de movilidad de los poblanos.

El juez de Cholula fijó una fianza de 375 mil pesos para que ambas mujeres pudieran quedar libres, a consideración de magistrado las féminas cometieron un delito grave.

El día que pasaron los hechos Juana acompañó a su hija a ver al doctor, quien está enferma del hígado, al no encontrar transporte por el cierre de la carretera caminaron al kilómetro 9 para poder llegar a tiempo y ver a sus hijos, pero su familia ya no supo de ellas hasta que les dijeron que estaban detenidas.

La SEP también es cómplice

Otro caso se registró en noviembre de 2014, cuando Silvia Jiménez González, quien es regidora del municipio de Coyotepec, hermana de Heladio Jiménez González, presidente auxiliar de San Mateo Zoyamazalco, y además integrante de la Coordinadora Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), fue cambiada de adscripción.

La maestra de música acudió en su papel de regidora a un evento del gobernador, Rafael Moreno Valle, donde inauguró la ampliación del hospital de dicha comunidad, en donde ni siquiera tenía pensado protestar.

En el acto morenovallista se le ocurrió escribir en una hoja de papel “Registro Civil en los pueblos. Presos políticos, libertad”, subirse a una silla y mostrarlo frente al mandatario estatal.

Al siguiente día recibió un citatorio para que se presentara en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la colonia González Ortega de Puebla Capital. Ahí le informaron del cambio de su centro de trabajo. Ella preguntó a qué se debía o cuál había sido su falla en su escuela original pero nadie supo darle respuesta.

Elia Tamayo, el dolor y la dignidad

Tras haber perdido a su hijo en el desalojo violento de Chalchihuapan, el calvario de Elia Tamayo ha sido largo.

En el VI Congreso Mundial de la Niñez, celebrado en Puebla el día 13 de noviembre del 2014, la madre del menor asesinado por la policía estatal el 9 de julio de 2014, fue retirada del lugar por personal del gobierno y elementos de la fuerza pública.

Elia Tamayo asistió a ese evento para reunirse con representantes de diversas ONG internacionales, con quienes conversaba sobre su lucha en la exigencia de justicia por la muerte de su hijo José Luis a manos de agentes estatales en el fallido operativo en Chalchihuapan.

Al percatarse de la situación, Mirón Thomé, entonces funcionario estatal, acompañado de personal y fuerza pública del Gobierno del Estado, enfrentó personalmente a la señora Tamayo forzándola a abandonar el congreso.

Diputados sólo pondrán maquillaje

Conforme al calendario de los diputados, será en la sesión extraordinaria del próximo miércoles 14 de septiembre cuando se voten en el pleno las iniciativas que entregó el pasado 29 de julio el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.

El documento se encuentran en el sitio del congreso y está conformado por cinco páginas en las cuales el gobierno del estado indica “que en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la Federación, las entidades federativas y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”

Agrega “Que como objetivo del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Puebla 2011-2017, está el impulsar la armonización legislativa y reglamentaria para la mejora del marco jurídico que contribuya a la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Que aún con los avances en el marco jurídico relativo a la protección de los derechos humanos de las mujeres, vigente en el Estado de Puebla, es importante identificar las disposiciones legales que deban reformarse en favor del empoderamiento de la mujer y con la finalidad de erradicar cualquier tipo de violencia hacia ésta, y evitar brotes de discriminación que les traigan como consecuencia, la disminución de oportunidades”.

En el llamado paquete de iniciativas, hay solo algunas reformas, como el último párrafo del artículo 25 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, que ha quedado como sigue:

“Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán expedirse de manera inmediata dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generen. Tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y se dictarán sucesivamente manteniendo su vigencia en tanto permanezcan las condiciones de riesgo que las originaron”.

Otro punto en la protección para que las mujeres vivan libres de violencia indica:

Artículo 284 Bis. …

“A quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario; y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos”.

La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una tercera parte, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años.

El dato

El artículo 284 Quáter establece que el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio.

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