El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y los gobernadores de todo el país pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la prisión preventiva oficiosa, pues esto “impactaría directamente en la seguridad y gobernabilidad del país“.
Como Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario y los titulares del poder ejecutivo de las 31 entidades federativas argumentaron que la incitativa del Poder Judicial se refiere a delitos de alto impacto y considerados graves, lo que genera incertidumbre.
Piden que se mantenga la supremacía de la Constitución mexicana, pues no solo se trata de quienes salgan agraviados por esta medida cautelar, sino que también afecta a las víctimas o a quien sufre el delito.
Añadieron que este tipo de decisiones podrían colapsar “los tribunales federales al analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida de prisión preventiva oficiosa”.
Sostienen que esta figura jurídica radica en una política de combate al crimen y que, al mismo tiempo, permite una conducción adecuada del proceso penal, así como el esclarecimiento de los hechos.
Por ello, hacen un llamado respetuoso a la SCJN para que considere lo expuesto, pues impactaría en la seguridad y gobernabilidad del país y de las entidades de las que son responsables.
“Tenemos elementos suficientes para emitir una opinión sobre las negativas consecuencias que puede traer a la seguridad”.
Versa el comunicado
Los 32 gobernadores de la república hacen este llamado en calidad de amicus curiae, terceros que no son parte directa de un conflicto y que pueden emitir de forma voluntaria una opinión.
El comunicado finaliza señalando que, de validar su decisión, además de no considerar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estaría anteponiendo la decisión de un tribunal internacional.
Segob critica decisión de la SCJN
El 16 de abril pasado, la Secretaría de Gobernación federal (Segob), desde la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, emitió su postura.
Señaló que los ministros de la SCJN pretenden invalidar el artículo 19 de la Constitución para inaplicar la prisión preventiva de oficio. Dijo que con ello, este poder excede sus funciones, pues el único poder facultado es el legislativo.
Y es que están basando su decisión en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enero de 2023. En ella, llama a México a adecuar sus leyes, entre ellas, la Constitución, para eliminar la prisión preventiva de oficio.
En aquella ocasión, Luisa María Alcalde Lujan, titular de Segob, declaró:
“Ningún Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político, ni su forma de Gobierno, hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia”.
Por esa determinación, 68 mil personas alcanzarían su libertad, de las cuales 3 mil 44 serían de Puebla.
