A más de un año que fueron agredidas Natalie N. y Michelle N., periodistas de Izúcar de Matamoros, comparecieron los 11 funcionarios involucrados en el caso, quienes fueron imputaron por los delitos de tortura, privación de ilegal de la liberad y abuso sexual en agravio.
Durante la audiencia inicial que se llevó a cabo este lunes 6 de mayo en el juzgado de oralidad federal, donde asistieron el director de seguridad, el síndico y elementos de la policía municipal de Izúcar de Matamoros por las agresiones contra de las periodistas en marzo del 2023.
Como parte del proceso penal a los 11 servidores públicos de Izúcar les imputaron los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y abuso sexual en agravio de las periodistas Natalie N. y Michelle N.
Además, el juez determinó que ya no contarán con los requerimientos necesarios para ejercer su profesión o cargo, por lo que la defensa de los señalados pidió la ampliación del término constitucional a 144 horas a fin de que aporte datos para desmentir la imputación en su contra.
En ese sentido, los 11 imputados tendrán hasta el sábado 11 de mayo para comprobar que no estuvieron implicados en la agresión contra las periodistas. Mientras les dictaron como medida cautelar libertad condicional con firma periódica y la prohibición de acercarse a las víctimas.
Agresión a periodistas en Izúcar
Las reporteras Natalie N. y Michelle N, acusaron que durante las actividades del 8 de marzo de 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer, fueron detenidas de manera ilegal, torturadas y abusadas sexualmente, esto con el conocimiento de la alcaldesa, morenista de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres.
Fue así como el caso llegó el 11 de enero a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, investigar el caso de las periodistas agredidas Natalie y Michelle Hoyos López.
En este sentido, la primera audiencia que estaba programada para este lunes 19 de febrero fue aplazada hasta que haya la certeza jurídica, pese al llamado del presidente López Obrador para esclarecer el caso.
