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Fraude por la SCT: largo historial de empresarios poblanos acusados

Ernesto Aroche/La Jornada de Oriente

El empresario restaurantero, Víctor Hugo Caram González, y el abogado Carlos Federico Vega Cajica, son las cabezas principales de las empresas poblanas Constructpue de México y Administradora de Capital de México, a quién la Secretaría de la Función Pública (SFA) inició procedimientos sancionatorios por haber falsificado documentos para obtener contratos de obra pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La noticia sobre la investigación que pesa sobre las dos empresas fue dada a conocer este domingo 4 de septiembre por el diario Reforma, y en donde se señala que durante el 2014 las dos compañías fueron beneficiadas con 11 contratos para la construcción de obra en 10 estados del país, valuados en mil 122 millones de pesos.

Y podrían no ser las únicas, en 2014 la revista Newsweek publicó un reportaje en donde señala a “dos altos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

“Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT, y José Antonio Rodarte Leal, coordinador general de Centros SCT, se han encargado de beneficiar a un grupo predilecto de constructoras, que aparecen repetidas en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Durango a las que les otorgan el grueso de obra pública e incluso en fechas similares, al grado que hay empresas que pareciera que ejecutan obra al mismo tiempo en distintos lugares”.

Aunque la investigación que lleva a cabo la SFA no señala aún a funcionarios que pudieran estar coludidos con las empresas ya señaladas, de momento, y de acuerdo con los edictos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las dos empresas poblanas deben comparecer en un plazo no mayor a 15 días ante la autoridad federal a fin de aclarar el presunto fraude que se les achaca.

En la lista de empresas que de acuerdo con el semanario Newsweek también fueron favorecidas por los funcionarios federales se encuentra Alfa Proveedores y Contratistas, una de las empresas responsables de algunas de las obras insignia del gobierno de Rafael Moreno Valle, como el Centro Integral de Servicios (CIS).

De taquero a constructor

A finales del siglo pasado, a junio de 1999 para ser más exactos, Víctor Hugo Caram González inició el proceso para registrar como marca un restaurante que ya venía funcionando ubicado en la esquina de la 29 sur y la avenida Juárez: “La Feria del Taco”.

Ocho años después extendió sus negocios con “El Hostal de las Brasas”, ubicado a un costado de la esquina de la 19 sur, en la que comenzó a labrar su prosperidad. Después vendría “Boca del Río”, un restaurante especializado en mariscos, ubicado también en la zona.

Pero antes de extenderse a la comida del mar, Caram González, o más bien su esposa y su hija, María Jacqueline Hernández Ramírez y Karime Hennet Caram Hernández registraron la empresa Constructpue de México SA de CV. La fecha 16 de julio de 2009.

El nombre de Víctor Hugo Caram apareció unos meses después, en enero de 2010 cuando se le nombró representante legal de la empresa. La misma que cuatro años después, según documentó el diario Reforma, “ganó contratos de los Centros SCT de Veracruz, Colima, Yucatán, Nuevo León, San Luis Potosí y Nayarit para modernizaciones y ampliaciones carreteras por un monto total de 694 millones de pesos, todos entre febrero y junio de 2014”.

“Según el procedimiento de la SFP contra Constructpue, el contrato más jugoso, por 184 millones de pesos para ampliar la carretera federal 180 en el tramo Cosoleacaque-Jalticpan, fue obtenido tras presentar al Centro SCT-Veracruz copias de ocho contratos con el Gobierno de Puebla que en realidad no existían”.
“La Auditoría Superior de la Federación informó en la Cuenta Pública de 2014 que Constructpue incumplió las obras, por lo que la SCT rescindió el contrato y exigió reembolsar 33.4 millones de pesos.
“En Colima, Constructpue ganó un contrato de 139 millones de pesos en una licitación en la que no asistió a ninguna junta de aclaraciones, mientras que en Nuevo León derrotó a grandes constructoras, como GIA+A, ICA y Mota Engil”.

De acuerdo con documentos notariales en posesión de esta casa editorial, la familia Caram Hernández, salió de la sociedad a finales de 2014, cuando ya se habían concretado la firma de los contratos millonarios con la SCT.

En noviembre de ese año la familia vendió su acciones a Pascual Arellano Ortiz (el 51 por ciento de las acciones) e Hilda Adriana Cerón Gómez (49 por ciento restante). Y la representación legal de la empresa quedó en manos de Arellano Ortiz.

Una acción digamos sorpresiva pues Arellano Ortiz presentó documentos ante el titular de la notario número 38, Jaime Juárez Hernández, que ubican su domicilio en la colonia Lomas Flor del Bosque, una colonia bastante popular.

El paso de Hilda Adriana Cerón Gómez en la sociedad fue muy corto, pues en julio de 2015 vendió sus acciones a un nuevo socio llamado Rogelio Castillo Cortés.

Abogado y constructor

Constructpue y Administradora de Capitales de México (ACM) tienen una cosa en común, además de los varios contratos que se les otorgaron desde la SCT durante el 2014. Las dos empresas fueron constituidas en 2009. La primera ya se señaló fue en julio de 2009, la segundo un tres meses antes, en mayo de 2009.

ACM fue conformada con 50 mil pesos de capital por el abogado Carlos Federico Vega Cajica y Patricia Cabrera Flores, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa.

Cinco años después de su constitución la empresa sumó en unos meses contratos por 428 millones de pesos en Puebla, Jalisco, Oaxaca y Guerrero, cortesía de la SCT. Entre ellos el contrato para la modernización del periférico ecológico valuado en 271.6 millones de pesos.

E igual que Constructpue, presentó “documentación presuntamente falsa” para obtener los contratos, como se lee en la notificación de inicio de procedimiento que emitió el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se publicó en el DOF el 1 de junio pasado.

De hecho, desde febrero de 2015, Jorge Trujillo Abarca, titular del Órgano Interno de Control de la SCT giró una circular dirigida a “las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos en la materia de obra pública, con la empresa Administradora de Capitales de México S de RL”.

Además se le impuso una multa por 367 mil pesos, y un plazo de inhabilitación por seis meses por haber “proporcionado información falsa en su propuesta técnica”.

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