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El paso de la muerte

Por diferentes redes sociales me han llegado solicitudes para firmar peticiones dirigida a los senadores solicitándoles que no aprueben la Ley de Seguridad Interior. He leído con mucho interés artículos a favor y en contra de dicha ley. En lo personal no sabría qué hacer si a mi me correspondiera votar . Creo que no solo la mayoría de los mexicanos sino también una gran parte de los miembros del poder legislativo carecen de los elementos y de la información suficiente para votar con conocimiento de causa a favor o en contra de las regulaciones que dicha ley propone. No hay un ganar de manera inmediata en nada de lo que hoyse decida, aunque sí hay un intento de darle un marco normativo al actuar de un ejército que no fue diseñado para ejercer las labores de las policías municipales, estatales o federales.

Lo que mejor entiendo es que hay que empezar a construir de cero para lograr en unos años no tan cercanos la recuperación de la seguridad pública del país, y que mientras eso sucede, no es posible retirar al ejército de las calles, por lo menos en algunos estados en los que antes pensábamos que eso era innecesario.

Yo hablo por lo que veo en mi estado, que es Puebla, pero sé que hay otros estados en condiciones mucho más difíciles que las nuestras. También sé que en Puebla hace algunos años se respiraba y se vivía un ambiente más seguro y que hoy casi ninguna familia de cualquier nivel social puede decir que no ha sido víctima de algún delito. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a oír hablar de hechos delictivos hasta que ya sumados se volvieron una epidemia.

De la información que he leído hay dos realidades que me parecen contundentes para entender que como país estamos cruzando un peligroso precipicio en cuanto a seguridad pública. Héctor Aguilar Camín mencionó en sus artículos del jueves y viernes pasados publicado en Milenio que a raíz de la política de combate al narcotráfico iniciada en la administración de Calderón, cuya estrategia fue descabezar y debilitar a los líderes de los cinco grandes cárteles de 2006, no calcularon que estos se multiplicarían con nuevos liderazgos. En 2017 hay en el país al menos doscientas bandas que además del giro del tráfico de drogas, se diversificaron hacia otros delitos como el cobro de derecho de piso,el cobro de protección, el tráfico de personas, el de madera, la extorsión, los secuestro de todo tipo, los asaltos en todas sus modalidades y el robo y venta de combustibles. Los gobiernos de los estados habían descuidado por años de manera irresponsable el tema de la seguridad pública, y en cuanto se vieron en apuro y rebasados ante el cambio de realidad no modificaban sus conductas ni sus presupuestos, solo lanzaban un urgente pedido de auxilio a las fuerzas federales y al ejército. -“Surgieron pandillas menos fuertes que los cárteles, pero más peligrosas para su entorno“- dice Aguilar. Esas pandillas se fueron extendiendo por el territorio nacional – “Por eso las fuerzas armadas deben estar en 2017 en más sitios que en 2007”. Las trajeron a luchar contra las drogas y hoy los tienen custodiando a sangre y fuego a gran parte del país.

Me queda claro que Calderón arrancó una guerra en cuya estrategia no se midieron ni tomaron en cuenta las consecuencias.

Estados como el de Puebla, antes considerado como un estado relativamente seguro, poco a poco fueron cambiando de cara; con policías mal preparadas y mal pagadas, ante los extremos del robo de huachicol ligado ya a otros delitos y su creciente dominio en el triángulo rojo, finalmente tuvieron que solicitar la intervención del ejército a partir de febrero de 2017. Imposible improvisar la seguridad en la zona. Las bandas del huachicol no solo habían dominado a muchos presidentes municipales y sus débiles policías, sino a las policías estatales. Al gobernador Gali no le quedó más opción que volverse al ejecutivo federal y pedir su apoyo y la intervención del ejército.

Creo que es claro que la mayoría de los gobiernos de los estados se dedicaron a priorizar de manera pésima el presupuesto; le destinaron los mínimos a los fortalecimientos, sueldos y capacitaciones de sus policías. En el caso de Puebla , en los últimos seis años, según el informe de la Universidad de las Américas 2016, el congreso limitó a los mínimos el dinero destinado a la seguridad y a la impartición de justicia, y entre otras cosas redujo el número de ministerios públicos a su mínima expresión. El municipio de San Martín Texmelucan, la tercera ciudad del estado con 135 mil habitantes y en el centro del conflicto del huachicol, no cuenta con un solo ministerio público ni con policías ministeriales. ¡Gran ahorro! -¡Que venga el ejército que estamos ahorrando!

El presupuesto etiquetado en 2016 por la actual legislatura poblana para todo el tema de seguridad pública e impartición de justicia para 2017 es uno de los más bajos del país por habitante, según el Índice Global de Impunidad 2016 de la UDLAP. Con los miserables presupuestos destinados a las fuerzas de seguridad pública, un legislador poblano no puede solicitar de manera responsable que se retire al ejército del estado de Puebla. Cada quién habla de la feria según le va en ella. No sé que opinarán los ciudadanos y legisladores de otros estados, tampoco qué explicación tienen ahora nuestros legisladores ante a su pésima priorización del presupuesto 2017 y de los años anteriores, presupuesto que nos dejó inermes para enfrentar el crecimiento de la delincuencia. Según ellos, así les mandaba el presupuesto el poder ejecutivo. ¿Y qué ellos no son parte de otro poder, no piensan , no razonan, no disienten?

Hace unos años hice un viaje al sureste por carretera. Pasamos por Veracruz, Tabasco, Campeche, hasta llegar a Quintana Roo. En algunos pueblos nos parábamos a tomar agua o a cargar gasolina.Vimos muchos retenes militares construidos con carrizo y palma. Detrás de esos retenes, caras de jóvenes que apenas tendrían 18 o 19 años.¿Qué tanto puede defender un retén de carrizo y palma el ataque de una metralleta o un cuerno de chivo?¿La guerra de quién estaban peleando esos casi niños, muy cercanos a la edad que tendrían los niños héroes que tanto nos gusta venerar? ¿Porqué no había policías federales o estatales resguardando las carreteras y los caminos de los estados que cruzamos? ¿A dónde fue a dar el dineral que por años debieron destinar los estados para fortalecer sus policías y a dónde estaban los responsables de que en esas carreteras hubiera soldados tan jóvenes en lugar de policías bien armados, bien formados y bien pagados?

No tengo la menor idea, y acepto mi ignorancia, de qué hacer hoy para cuidar el país. No mañana ni pasado, Hoy. ¿Cómo vamos a cruzar el paso de la muerte en el que está suspendido el país con respecto a la seguridad? ¿En cuánto tiempo y con cuánto dinero podemos remediar la estupidez y la irresponsabilidad de tantos gobernadores que se dedicaron a su lucimiento personal o al desvío de recursos en lugar de aplicarse a las tareas de seguridad y buen gobierno que el país y cada estado necesitaban para seguir siendo seguros? ¿Qué leyes, qué medidas, qué ideas, qué personas saben cómo construir los primeros peldaños del puente que puede llevarnos de una tierra rodeada de depredadores a un lugar seguro? ¿Aún tenemos tiempo?¿Sabe usted si la Ley de Seguridad interior es un clavo firme al que aferrarnos mientras como país encontramos y construimos las salidas a mediano y largo plazo? ¿Sabe usted si dicha ley es solo la brocha a la que se aferra un pintor al que le quitaron la escalera? ¿Qué haría usted, si de usted dependiera, con la Ley de Seguridad Interior?

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

Sobre Verónica Mastretta

Verónica Mastretta
Licenciada en Relaciones Internacionales (UDLAP), ha sido Consejera Nacional de la Comisión para el Desarrollo Sustentable, Regidora presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, integrante de la Unión de Grupos Ambientalistas así como de la asociación Participación Ciudadana.
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