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miércoles, abril 21, 2021

El feminicidio de Mara y la seguridad en servicios de transporte ejecutivo

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Arely Sánchez y Patricia Vázquez dejarían el gabinete para ser candidatas

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que aunque inicialmente se había dicho que sólo tres secretarios del gabinete de José Antonio Gali Fayad dejarían sus cargos para buscar un puesto de elección popular en 2018, lo más probable es que la lista se amplíe a cinco.

A la lista hay que añadir los nombres de la secretaria de Salud, Arely Sánchez Negrete y de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, pese que ninguna de las dos es poblana, por lo que posiblemente sean postuladas a una diputación federal.

Lo anterior no es una especulación, sino una posibilidad que está siendo analizada por el gobernador Gali, de acuerdo con una fuente cercana al mandatario estatal y que es parte de su gabinete oficial.

Los secretarios que con toda seguridad dejarán la administración pública para contender por una diputación son Michel Chaín Carrillo, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; y Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

En un segundo paquete están el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, quien pretende ser senador por Oaxaca o diputado federal por la vía plurinominal; y el secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, aunque éste último ha expresado en los últimos días su intención de continuar en la dependencia para sacar con éxito los programas y proyectos en marcha.

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¿Quién mató a Mara?

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Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que en estricto sentido judicial, el homicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda tiene un solo y (todavía) presunto responsable: el chofer de la empresa Cabify que acudió al llamado de la joven para brindarle servicio de transporte ejecutivo la madrugada del viernes 8 de septiembre.

Ninguna otra persona ni fuerza sobrenatural habría obligado a Ricardo Alexis, el conductor del automóvil Sonic de color negro en el que trabajaba, a agredir a Mara como se ha documentado que lo hizo.

Responder así a la pregunta “¿Quién mató a Mara?” resulta sencillo.

El principal y único sospechoso está en manos de las autoridades ministeriales, a la espera de un proceso judicial que será objeto de una atención pública inusitada.

Sin embargo, si abrimos más la mirada y nos olvidamos por unos momentos del conductor podríamos hallar otros corresponsables, o por lo menos podríamos plantearnos una serie de preguntas que obligarían a mirar hacia otros lados y corregir aquello que, como sociedad, hemos hecho mal.

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El feminicidio de Mara, ¿quién sigue?

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Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que el dolor de miles de ciudadanos que salieron a las calles a manifestar su indignación y miedo por vivir en un país que los hace sentirse altamente vulnerables, debe ser el móvil para dar pasos reales en la lucha contra la violencia que genera nuestra descomposición social.

La pérdida de la vida de una joven universitaria debe ir más lejos de la indignación en redes sociales o la participación en una marcha dominical. Este alto costo debiera generar la conciencia de todos quienes formamos parte de una sociedad quebrada.

Y aquí entramos todos.

¿De qué nos sirve que el gobierno le cancele la concesión a Cabify si siguen en circulación otros tipos con la misma mente depravada de Ricardo Alexis?

Esto que sucedió a través de un servicio de Cabify, lo mismo pudo pasar a Uber, o a cualquier otra plataforma de servicios similares.

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Juzgados de Puebla operan sin internet, telefonía y papelería básica

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que hace unos días, los 62 jueces que hay en la entidad recibieron un oficio –de la Secretaría de Finanzas y Administración estatal (SFA)– que los dejó helados, pues les comunican que por el cierre del ejercicio fiscal desde este mes ya no es posible hacer ninguna contratación para cubrir suplencias, una situación que viene a agravar las precarias condiciones que atraviesan los juzgados en donde casi no hay papelería ni insumos de cómputo, y en la mayoría se carece con regularidad de líneas telefónicas, de internet y hasta de agua potable.

Es un secreto a voces que, desde hace algunos meses, en los juzgados poblanos aparte de sufrirse una crisis por excesivas cargas de trabajo también se padece una terrible carencia de insumos materiales, la cual llega al extremo que son los jueces y el personal, con recursos propios, los que deben comprar papelería o tinta para impresoras.

El oficio que hace unos días recibieron los jueces de parte de la SFA los mete en un brete, porque faltan cuatro meses para que acabe el año y si en este periodo sufren un faltante de personal, por alguna situación imprevista, no habrá manera de contratar sustitutos, sin importar que ello dañe la eficiencia y productividad del Poder Judicial estatal.

Tal situación plantea un cierre de año tortuoso, complicado, amargo para el aparato de administración de la justicia en Puebla, ya que tan sólo los tres jueces de control que se tiene en la capital –que son los encargados del nuevo sistema penal acusatorio– en promedio cada uno tienen que desahogar a diario entre 20 y 25 audiencias, y en algunos fines de semana esa cifra se incrementa hasta 50 audiencias.

El culpable de esta crisis tiene nombre y apellido: Roberto Flores Toledano, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien hace tres años permitió el debilitamiento del Poder Judicial el solapar que éste perdiera su autonomía presupuestal frente al Poder Ejecutivo, o mejor dicho, frente al dominio de Rafael Moreno Valle Rosas.

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La muerte de Mara: una trágica cadena de irresponsabilidades

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, señala que en medio de la tristeza, del pesar, del encabronamiento colectivo, nos tranquiliza pensar que la muerte trágica de Mara Castilla es culpa entera de un psicópata solitario que, conduciendo un taxi Cabify, la llevó a un motel donde la violó y estranguló para luego tirar el cuerpo en un paraje.

Esa tranquilidad se traduce en un estallido de furia unidireccional que se expresa con marchas, consignas en las redes sociales, condenas y vituperios. Solamente el Estado es culpable por tolerar la violencia de género, y claro, el propio criminal hijo de puta.

Ese estallido de furia, genuino, se expresa en el #NiunaMás o #NiUnaMenos, conforme uno aplique la semántica particular.

Los impecables, los radicales, entonces aprovechan la oportunidad para señalar con dedo flamígero. En su mundo de blancos y negros, de verdades absolutas, el señalamiento es claro en contra del pensamiento machista, de los malditos misóginos que a diario violentan a las mujeres.

Podría ser.

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La Muerte de Mara y Nuestra Miseria Humana

Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que el terrible asesinato de Mara Fernanda Castilla mostró de qué estamos hechos.

La joven de 19 años de edad fue a un antro con sus amigos y no se quiso regresar con ellos porque quien manejaría se había pasado de copas.

Por seguridad pidió un auto de Cabify.

Según los videos y las conclusiones de la Fiscalía, el chofer, de 21 años de edad, llegó hasta el fraccionamiento donde vivía Mara y estacionó el auto sin que ésta se bajara.

Media hora estuvo ahí.

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Redacción Ángulo 7http://www.angulo7.com.mx/author/redaccion/
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