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¿Justicia a cualquier precio?

Por Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Aún no se calma el escándalo que ha provocado a nivel nacional e internacional el caso de los Porkys de la costa de oro, donde a cuatro jóvenes se les acusa de haber violado a una menor de edad, y un nuevo escándalo estremece a la sociedad mexicana. Un video, difundido a través de las redes sociales, muestra a dos militares torturando a una mujer de nombre Elvira Santibáñez Margarito, alias “La Pala”, de 21 años (originaria de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero)  vestida de camisa sin mangas, pantalón de mezclilla y descalza, llorando sin parar durante un interrogatorio, y la cual acababa de ser detenida.

En dicha grabación puede verse cómo las personas vestidas de militares tiran del cabello, apuntan con un rifle de asalto en la cabeza y asfixian con una bolsa plástica, mientras es interrogada.

La grabación fue realizada el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero, México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo conocimiento de los hechos el pasado 10 de diciembre, según reconoció en un comunicado.

Este caso ha sido portada de los principales diarios mexicanos y ha reavivado la polémica sobre los abusos de oficiales (ya sean militares o policiales) contra civiles. Pero en este caso Elvira Santibáñez fue detenida junto con otras dos personas del sexo masculino, se dedicaba al secuestro y al sicariato, operaba en el municipio de donde es originaria.

En ese entonces fue detenida junto con sus dos compañeros con 4 armas largas (3 AK-47 y 1 AR-15); 1 arma corta cal. 22; 9 cargadores (8 para arma larga 1 para arma corta); 189 cartuchos útiles cal. 7.62 x 39; 10 cartuchos útiles cal. .223; 10 cartuchos útiles cal. 22. También, una motoneta, un teléfono celular y once mil pesos en efectivo. Conforme avanzó su caso se demostró que torturaba psicológica y físicamente a sus víctimas y es acusada por secuestro, extorsión y homicidio (es decir, toda un angelito).

Lo anterior generó que el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos ofreciera una disculpa pública por el mal comportamiento de los miembros castrenses involucrados, los cuales ya se encuentran detenidos en una prisión militar y sujetos a proceso.

A este desolador panorama agregamos como cereza del pastel, que hace unos días Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación “Alto al Secuestro”, dio a conocer que el secuestrador Isidro Solís Medina, asesino de la hija del ex dirigente de la Comisión del Deporte y empresario, Nelson Vargas, quedó en libertad debido a la solicitud de un amparo debido a que no tuvo asistencia jurídica en el momento de su captura, cabe mencionar que no es por el caso de la señorita Vargas si no por un caso diferente, situación que no se había aclarado en un principio. 

También es necesario señalar que no es solamente culpa del juez que otorgó el amparo si no del ministerio público y de los policías que lograron la detención del probable responsable en su momento.

Aunque de primera mano podría parecer que estos casos son diametralmente opuestos no lo son, es indignante que se privilegie los derechos de los imputados al de las víctimas y aunque estos casos han pasado en México, es pan de todos los días en toda Latinoamérica. 

La sociedad ya no aguanta más, está harta de la impunidad y la poca o nula justicia, hace unos meses sentenciaba  el empresario Alejandro Martí (padre de un joven secuestrado y ejecutado en 2008) que al liberar  a delincuentes por “faltas al debido proceso” era abrir las puertas del infierno, esto es cierto pero también es cierto que hemos llegado al punto que queremos justicia a cualquier costo (a través de la tortura por ejemplo) eso sí, sin enterarnos como se llega a ella para no espantarnos, ¿Irónico no creen?

 

hidalgomontes@gmail.com

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