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Se cae el teatro de la modernización de los verificentros impuesta por Moreno Valle

Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente

 

La clausura de 22 líneas de revisión de los verificentros de Puebla viene a echar abajo el teatro de la modernización de la verificación vehicular iniciada por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en 2014, ya que se puso en evidencia que dichos centros no son objeto de auditorias y de capacitación del personal. Contrastando que los anteriores estaciones de servicio, a las que se les quitó la concesión por la fuerza, sí eran objeto de revisión de tres laboratorios independientes.

El asunto es muy sencillo: por primera vez la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha ejercido la facultad de revisar los verificentros de la llamada Megalópolis, conformada por la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el estado de México, y puso en evidencia que en el caso de la entidad poblana los empresarios que controlan la verificación vehicular son juez y parte en la revisión del servicio.

Esos empresarios ligados a Jorge Kahwagi, primo del morenovallista José Cabalán Macari, son los que impusieron los equipos de los verificentros, quienes revisan el funcionamiento del servicio y al mismo tiempo lo brindan.

Y se supone que esos eran los vicios que se iban a combatir con el retiro de concesiones de verificentros que se hizo en el año 2014 por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), pues se dijo que dichas estaciones no estaban modernizadas y había corrupción.

Sin embargo, todo indica que la realidad es totalmente inversa al discurso oficial. Así lo demuestran los siguientes datos:

Primero: durante los sexenios de Mario Marín Torres y una parte de la gestión del gobernador Melquiades Morales se firmaron los primeros acuerdos con la Megalópolis, que en ese entonces solamente la formaban el ahora desaparecido Distrito Federal, Puebla y el estado de México. Como parte de ese compromiso se establecía la obligatoriedad de que los verificentros fueran revisados por laboratorios certificados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Durante los seis años de la gestión de Marín intervinieron los laboratorios Orlov, Trafalgar y uno más cuyo nombre no pudo obtener este columnista. Los tres estaban acreditados por la EMA y eran ajenos al personal que desde el gobierno del estado regulaban el servicio. De hecho siempre hubo una relación ríspida entre los auditores y los concesionarios de la verificación vehicular.

Ahora que por primera vez interviene la Profepa, para revisar si se acata la Norma Emergente de Verificación, se pone al descubierto que no hay laboratorios auditando las estaciones de control de emisiones contaminantes de Puebla. O por lo menos, no ocurre en todos los centros de dicho servicio.

Segundo: en el discurso oficial del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en 2014, sostuvo que se estaba poniendo orden en los verificentros, ya que estos no estaban modernizados. En otras tantas ocasiones el mandatario sostuvo que Puebla se ponía a la vanguardia, sin que hubiera una obligación, a tener actualizadas sus normas y sistemas de control de las emisiones contaminantes de automotores.

Lo dicho por el gobernador fueron verdades a medias, ya que de los 86 verificentros que fueron cerrados por el gobierno a partir de 2014, más de 25 ya contaban con la tecnología que ahora se exige en la Norma Emergente de Verificación.

Es decir, por lo menos las centrales que estaban actualizadas, no había la más mínima justificación para retirarles la concesión.

¿Qué es lo más patético de este asunto?

Se supone que en el presente, para que la verificación sea completa, confiable, segura, transparente, acorde a las normas, se tiene que someter un vehículo a un dinamómetro –que son los rodillos que se ponen debajo de los automotores– y la prueba estática, que consiste en colocar una pipeta en el carburador.

Pues resulta que algunos testigos han visto que las Unidades Móviles de Verificación Vehicular que se colocan en Sam´s del Periférico y en Avenida de las Torres en ocasiones solo hacen la prueba estática, la cual se usa desde 1999 y se supone que ya no es del todo confiable. Lo grave es que omiten el uso del dinamómetro, que ya es obligatorio en todas las estaciones.

Esto último desnuda que no se buscó la modernización de los verificentros y que persisten prácticas de corrupción. ¿No era lo que se estaba combatiendo desde 2014? Queda claro que fue pura demagogia la promesa de mejorar el servicio.

Tercero: en el sexenio pasado los acuerdos de la Megalópolis obligaban al gobierno del estado a instalar un centro de monitoreo de los verificentros, para que mediante cámaras de video y un software se detectaran anomalías, omisiones, mal servicio de las estaciones, sin que necesariamente hubiera quejas de los usuarios.

La intervención de la Profepa y la clausura de las 22 líneas de revisión pone de manifiesto dos posibilidades: no existe o no funciona el centro de monitoreo de los verificentros, o si existe, las anomalías detectadas son ignoradas por la autoridad, en este caso por Rodrigo Riestra, el titular de la SDRSOT, quien es un neófito en el tema de la protección del medio ambiente. Lo más seguro es que las anomalías las han de esconder debajo de la alfombra, tal como pasa con todos los actos de corrupción de la administración morenovallista.

 

Para mayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/07/05/se-cae-el-teatro-de-la-modernizacion-de-los-verificentros-impuesta-por-moreno-valle/

 

 

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