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Qué hay detrás del cese del fiscal electoral Santiago Nieto

Peña Nieto se disparó en el pie

Raymundo Riva Palacio en su columna Contracara, publicada en El Financiero, señala que Santiago Nieto debió haber sido destituido no el viernes pasado, sino cuando menos hace 17 meses por violar la secrecía de una investigación en curso y afectar el debido proceso. De ligereza al hablar con la prensa, Nieto solía procurarla de información reservada, delicada y confidencial, con lo cual obstruía o saboteaba acciones judiciales. En esa misma línea estuvo cuando la semana pasada le informó a Reforma detalles de la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el presunto delito de haber inyectado dinero de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2012. La diferencia es que ahora sí hubo consecuencias para el fiscal especializado para delitos electorales: lo cesaron.

La destitución de Nieto provocó que los principales diarios de la Ciudad de México coincidieran en esa acción como su información más relevante del sábado, una homologación circunstancial pocas veces vista. Fue el contexto en el cual lo despidieron lo que levantó la polémica. El procurador general interino, Alberto Elías Beltrán, dijo que actuó en el marco de la ley, mientras los abogados de la PGR y de Nieto chocaron en las interpretaciones legales. El problema está empapado, por las formas y los antecedentes, de política. Cierto. La ley se politizó, pero pocas veces tan justificadamente como esta, donde fue tolerante con Nieto desde que asumió el cargo en febrero de 2015, y se volvió intolerante cuando, en vísperas de arrancar el proceso electoral de 2018, la presidencia de Enrique Peña Nieto volvió a ser objeto de cuestionamiento por corrupción.

A mediados de agosto, revelaciones sobre la corrupción de Odebrecht en México fueron publicadas por O Globo. Testimonios de ejecutivos de la empresa ante la Fiscalía brasileña señalaban a Lozoya como un activo estratégico, y lo procuraron con dinero por los beneficios que les podía dar cuando fuera un alto funcionario del nuevo gobierno. Según la Fiscalía brasileña, los ejecutivos aseguraron que le transfirieron alrededor de 10 millones de dólares para que les ayudara con licitaciones, una imputación que ha negado sistemáticamente Lozoya. No ha habido un señalamiento directo que el dinero fuera a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto, especie que ha tomado carnet de identidad por el hecho de que varios pagos, según los ejecutivos brasileños, se hicieron en 2012.

En la entrevista con Reforma, Nieto afirmó: “El caso Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”. El fraseo mostró la validez que le dio a la denuncia que presentó el PRD en la Fepade a mediados de agosto, para que investigara a Lozoya y la posible canalización de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto. Ejecutivos de Odebrecht que buscaron negociar un acuerdo de cooperación con el gobierno mexicano a cambio de reducción de acusaciones, dijeron a altos funcionarios de la PGR a principio de año, como muestra de lo que podían aportar, que habían canalizado recursos a campañas en Veracruz y Tamaulipas, sin precisar los años ni los destinatarios. No mencionaron nunca la campaña presidencial de 2012, que ha sido el elefante que todos quieren encontrar en la sala.

La verdad se ha convertido en una víctima de la percepción, pero la percepción ha sido un monstruo creado por la opacidad del gobierno. México es el país que menos ha avanzado en la investigación sobre los presuntos delitos de corrupción de Odebrecht y el que menos transparente ha sido. No quisieron pactar un acuerdo con Odebrecht para que suministrara información, lo que no se alcanza a entender, pero que lleva a preguntar si la razón por la cual la PGR rechazó esa cooperación fue para frenar la investigación y para alargar el encubrimiento a funcionarios o exfuncionarios federales. Los prejuicios sobre este caso son inevitables por el andamiaje de protección a todos los involucrados que han levantado las autoridades.

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¿Por qué la remoción de Santiago Nieto?

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que algo raro hay detrás de la remoción de Santiago Nieto como fiscal electoral. ¿Por qué el presidente Peña tomó esta decisión en vísperas de la elección presidencial de 2018?

Fue el procurador interino, Alberto Elías Beltrán, quien removió a Nieto. Supuestamente, el fiscal electoral había violado el código de conducta de la institución al haber revelado información sobre el caso de Emilio Lozoya y los presuntos sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht. No minimizo la gravedad de contravenir la secrecía de una investigación judicial pero, caray, esto es una práctica común en nuestro país que desgraciadamente no se castiga.

De hecho, este gobierno, el de Peña, ha filtrado todo tipo de informaciones de casos judiciales que deberían haberse mantenido en secreto. Incluso lo han hecho con mala leche, para ganar elecciones, como ocurrió este año cuando salió a la luz pública que la PGR estaba investigando a la familia de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, por lavado de dinero. A la postre, la supuesta investigación resultó en nada. Pero el golpe fue fundamental para tirar las preferencias electorales a favor de Josefina quien, después de esta filtración, ya no pudo levantarse en la competencia mexiquense. Que yo sepa, no corrieron a nadie de la PGR por haber violado la secrecía de la supuesta indagación. Y este es un solo caso de muchos que han ocurrido este sexenio donde funcionarios de la procuraduría filtran información a los medios.

¿Por qué ahora sí castigaron a Nieto al dar una entrevista y revelar supuestas presiones de Lozoya para eximirlo por el caso Odebrecht?

Para empezar, yo no tengo duda de que, aunque formalmente la remoción la hizo el procurador, fue el presidente Peña quien tomó la decisión en última instancia. Francamente, no veo a un procurador interino determinando tan importante acción sin consultar o recibir la orden directamente de Los Pinos. La pregunta, insisto, es por qué.

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Santiago Nieto: ¡las mentiras…!

Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que “El camino al poder se pavimenta con hipocresía y con víctimas”.

La frase es recurrente en el personaje de House of Cards —Castillo de naipes— que retrata puntual la política en general, pero que, en el caso mexicano, es una cruda estampa de cuerpo completo.

Y es que en la pelea por el poder presidencial mexicano no solo los partidos han pavimentado con hipocresía, engaño y noticias falsas su camino a Los Pinos, sino que la llamada “sociedad organizada”, ONG y hasta ciudadanos de a pie —a través de redes— son expertos del engaño y la mentira.

Así, un buen día, los mentirosos líderes del PAN, PRD y MC inventaron la patraña engañabobos del “fiscal carnal” y, cual aves de rapiña, digitales, redes, la “sociedad organizada” y no pocas ONG tragaron sapos y serpientes del engaño y lo moldearon a su convenenciera ambición de poder.

Es decir, PAN, PRD, MC y la “sociedad organizada” le disputan a Trump el título del mayor mentiroso, hipócrita y propalador de noticias falsas; “noticias” que repiten millones de veces hasta convertirlas en “la verdad” que consumen incautos ciudadanos.

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¿Quién se beneficia con el cese del fiscal?

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que tras la abrupta remoción de Santiago Nieto, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), quedaron en pausa decenas de investigaciones, no solo contra los ex gobernadores del PRI, sino también la de los posibles nexos del escándalo de corrupción Odebrecht con temas electorales. De igual forma las relacionadas con el mal uso de los programas sociales para los damnificados de los sismos. Nos cuentan que el ex fiscal tiene abiertos siete procesos por probable mal uso de los programas sociales para los damnificados en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y la delegación Coyoacán en la Ciudad de México. Las indagatorias, nos dicen, se encuentran en etapa de integración, pues Nieto Castillo pidió a servicios periciales de la Procuraduría General de la República revisar los videos aportados por los ciudadanos, denunciantes, defensores de los derechos humanos, con el fin de identificar a quienes cometieron los presuntos ilícitos, pero también a los funcionarios que pudieran estar detrás de ellos. Y finalmente, la salida de Nieto deja en suspenso otra investigación, por lo que tardará tiempo en conocer quiénes lucraron con la tragedia después de los terremotos de septiembre pasado. Así que, por lo pronto, los que están de fiesta, pues podrían salir beneficiados, son los delincuentes electorales.

Encargado de la PGR, al banquillo

Y a propósito del caso del fiscal removido, quien tendrá unos días difíciles es el subprocurador en funciones de procurador general de la República, Alberto Elías Beltrán. Nos dicen que varios grupos parlamentarios en el Senado han acordado que no permitirán que don Alberto pueda eludir un encuentro con ellos para dar una explicación del cese del fiscal electoral, Santiago Nieto. Nos aseguran que los grupos de oposición quieren una explicación puntual sobre las razones y argumentos de la destitución. Nos cuentan que el coordinador del PRD, Luis Sánchez, dejó en claro que ya sea como parte del procedimiento para objetar dicha decisión, que determinarán este lunes, o en una comparecencia, el funcionario deberá explicar con lujo de detalle si el cese se dio conforme a derecho, o hubo razones políticas para removerlo, sobre todo les inquieta que algo haya tenido que ver la investigación que Nieto llevaba en torno al caso de corrupción Odebrecht-Pemex.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que la Cámara de Diputados será esta semana escenario de dos de las comparecencias más esperadas en el contexto de la glosa del quinto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hace ya casi dos meses.

Mañana acudirá ante comisiones el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, inmediatamente después de concluir la tortuosa cuarta ronda de renegociación del TLC, mientras la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, irá a San Lázaro el miércoles para exponer el estado de los ocho procedimientos abiertos por los presuntos sobornos de Odebrecht a servidores públicos, aun cuando un juzgado federal concedió a la empresa una suspensión para evitar por ahora las sanciones en tres de esos casos.

Que el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, afirmó que la Ley de Ingresos para 2018 no solo permitirá financiar la reconstrucción en las entidades afectadas por los sismos, sino también debe garantizar el acceso de los mexicanos a la educación, la alimentación y la vivienda.

Recordó que los ajustes a la iniciativa presidencial permitieron aumentar 43 mil millones de pesos a los ingresos federales esperados para el próximo año.

Que después de la destitución de Santiago Nieto al frente de la Fepade de la PGR, dos de los siete comisionados del INAI publicaron en sus respectivas cuentas de Twitter su opinión al respecto: Joel Salas consideró que ante el proceso electoral más complejo en la historia del país, es imperativa la garantía de autonomía, independencia y solidez en las instituciones electorales, mientras que Patricia Kurczyn fue más concreta, pues dijo que es necesario un informe sobre la remoción de Nieto con transparencia y rendición de cuentas.

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