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Presupuesto educativo en desgracia

La fecha en la que habrá de aprobarse el proyecto de Ley de Egresos de la Federación 2017 se acerca. Diputados federales, rectores de universidades públicas, directores de organismos públicos descentralizados, sindicatos, maestras y maestros a los que se suman otros actores del que hacer educativo, “alertan” sobre las consecuencias nefastas que tendría un recorte presupuestal como el que propone el titular del ejecutivo federal.

Señalan que se encuentran en riesgo programas de infraestructura, cumplimiento de metas para abatir el rezago educativo, alimentación de niñas y niños que asisten a escuelas de tiempo completo, becas para estudiantes de las escuelas de educación básica, media superior y superior, oferta de nuevas carreras por carecer de recursos para contratar a una nueva planta docente, investigación en ciencia y tecnología, procesos de formación y profesionalización de la planta docente que presta sus servicios en escuelas públicas de educación básica y media superior así como programas de inclusión y evaluación educativa.

Sin embargo, parecería que las opiniones de los interesados y las de los expertos se quedan cortas, ésto a pesar del próximo anuncio del “programa aprende 2.0”, proyecto que sustituiría entre otros al extinto programa de inclusión y alfabetización digital. De aprobarse el proyecto de egresos turnado por el ejecutivo al legislativo, el programa de infraestructura física educativa sufriría una merma de 7 mil millones de pesos (mmp), lo mismo que el programa de la reforma educativa (destinado a promover la autogestión escolar) que perdería 5 mil 466 millones de pesos, el 71.9% del total en 2016.

El programa educación para adultos disminuiría en un poco más de 845 millones de pesos, equivalente al 26.9% del asignado en el año anterior. El programa escuelas de tiempo completo se vería disminuido con mil millones de pesos.

De aprobarse la propuesta de egresos, el programa nacional de becas dejaría de contar con casi 2 mil millones de pesos, el 15.4% del la suma asignada al programa en 2016 y el presupuesto asignado al rubro de ciencia y tecnología tendría una “variación a la baja” del 23.3%, equivalente a 7 mil 500 millones de pesos.

Al programa para el desarrollo profesional docente se le asignarían 992 millones de pesos menos, 37.5% que en 2016, de la mima manera al programa fortalecimiento de la calidad educativa le asignarían mil 839 millones de pesos menos, 38.9% del total de sus recursos. Al programa para la inclusión y la equidad educativa le quitarán el 37.7% de los recursos asignados, cifra semejante a casi 232 millones de pesos.

Los daños serán irreversibles. Si bien es cierto que los gastos de gobierno disminuirán en “1.7 por ciento menos en términos reales –descontado el efecto de la inflación– respecto del aprobado para 2016″ (goo.gl/SHPrA8), los asignados a educación decrecerían en un 10.6%, los de cultura en un 30.7%, los destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en (Conacyt) en un 23.3 por ciento y el de inversión en un 26.6%. Sumados los rubros vinculados al sector educativo arrojarían, pesos más pesos menos, una disminución cercana a los 28 mil 880 millones de pesos.

Si a esta cifra se agregaran otras cantidades asignadas a otros programas entre los que se incluirían además de los ya señalados, programas como Prospera, los de inclusión social, de apoyos a la cultura, de cultura física y deporte, el programa nacional de convivencia escolar, expansión de la educación media superior y superior, desarrollo cultural, protección y conservación del patrimonio cultural, servicios cinematográficos y servicios educativos culturales, todos ellos vinculados con el que hacer educativo, el cálculo arrojaría una pérdida superior a 64 mil 162 millones de pesos.

Rectores de universidades públicas alertan sobre la disminución de 7 mil millones de pesos del rubro fondos concursables y el “recorte presupuestario del 30 por ciento al monto determinado para becas y un impacto negativo en la infraestructura educativa”.

El “impacto social” generado por los recortes al sector educativo será inmediato. Fomentará la deserción educativa en todos los niveles de educación, incrementará el número de aquellos que ni estudian ni trabajan (ninis) y provocará el crecimiento del trabajo informal y ocasionalmente del ejército de reserva para el crimen organizado.

Impedirá que en 2018 todos los egresados de secundaria cursen y concluyan los estudios de educación media superior y limitará las metas de crecimiento de la matrícula de educación superior previstas.

Ante la falta de recursos para la contratación de personal docente y crecimiento de la infraestructura física, las universidades autónomas y las dependientes del estado, masificarán la atención del estudiantado al estar indexada matrícula y presupuesto asignado.

Fomentará la “precarización del profesorado” al estimular la contratación de personal docente por hora clase frente a los de tiempo completo.

Acrecentará el rezago en la investigación científica y tecnológica a cargo, fundamentalmente, de instituciones públicas.

Agravará la inequidad que sufren quienes carecen de acceso a “una educación temprana” que mejore el desarrollo y la estimulación pronta de los y las infantes.

Impedirá el cumplimiento de compromisos contraídos por el gobierno mexicano que le obligan a destinar en la educación recursos equivalentes al 8% del producto interno bruto (PIB) sin incluir la inversión privada.

Fomentará la pérdida de la identidad nacional al disminuir los fondos destinados a la cultura y al fomento de los valores propios.

Impedirá que en las escuelas se imparta una educación integral al disminuir el número de horas destinadas a la enseñanza de la educación física y al desarrollo de las actividades artísticas.

Extenderá el número de analfabetas y de quienes se encuentran en condiciones de rezago educativo.

Impedirá que todos los niños y las niñas tengan acceso a la educación preescolar como constitucionalmente se obliga a partir del 2006, sólo por mencionar alguno de los efectos.

La visión de las autoridades empero se mantiene estática. Nuño y sus corifeos vociferan que no pasa nada, que los ejes de la reforma educativa se mantienen incólumes a pesar del recorte presupuestal.

Confían en que ingenuos trabajadores de la educación y en que padres y madres de familia seguirán transfiriendo recursos de su bolsillo que solventen el gasto corriente que le corresponde al gobierno.

No es coherente que el gobierno pretenda lograr una educación de calidad si recorta, en general, el presupuesto educativo que ahora se encuentra en desgracia.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

Sobre Gustavo Santín Nieto

Gustavo Santín Nieto

Director del Instituto Universitario de Puebla (IUP).

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