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CIDH-México: ¿Quién explica la violencia a las víctimas?

Por José Buendía Hegewisch

La tentativa por mejorar el diálogo con la comunidad internacional de derechos humanos, mediante la invitación a la CIDH a participar en la investigación de Ayotzinapa, no está logrando su cometido. La desconfianza mina la colaboración y parece mantener abierto el desencuentro desde el choque por el informe sobre tortura del relator Juan Méndez hace un año.

¿Por qué un grupo de cooperación técnica como el GIEI se vuelve problema político? Las contradicciones, fricciones y descalificaciones reflejan que la colaboración funciona mal. En 2015 el gobierno invitó a la CIDH a viajar al país para recomponer la interlocución y evitar la estigmatización en el “cuadro de horror” de los  latinoamericanos que se cierran a la mirada exterior. El informe de esa visita mostró que observan realidades distintas y hablan lenguajes diferentes.

El cambio profundo y de consecuencias importantes para la protección de los derechos humanos sería explicar por qué ocurren crímenes de lesa humanidad. La auténtica crisis es el silencio o carecer de una narrativa creíble para conocer el calado de la violencia y la conclusión de investigaciones como la de Ayotzinapa. La falta de explicaciones está en el corazón de la crisis de derechos humanos y el principal impedimento para la reparación del daño y justicia a las víctimas. Ése el principal déficit del gobierno y su mayor debilidad con la comunidad internacional.

La CIDH señala  una “grave crisis de derechos humanos” en el país, mientras el gobierno rechaza la afirmación y critica el rigor metodológico del informe. Parecería ingenuo confiar en el cabildeo y la persuasión diplomática, una conclusión muy distinta con taludes de cifras como los más de 26 mil desaparecidos, unas dos mil 400 investigaciones sobre tortura y, en fin, todo bajo el denominador de la impunidad.

Los peritajes de la PGR y del GIEI en el basurero de Cocula son contradictorios respecto a la quema de los cuerpos de los normalistas. La versión oficial sobre el caso Iguala se derrumbó, sin que ningún esfuerzo aporte una nueva explicación de lo que ocurrió con los 43 desaparecidos. El GIEI alega trabas y falta de voluntad política que enredan el caso; sugiere nuevas líneas de investigación como el trasiego de drogas a Chicago, pero sin avances. Mientras el gobierno sigue sin contar con una explicación que dé sentido a la violación de derechos humanos. 

El derecho a saber es la primera reparación con las víctimas, un objetivo que se ve lejano por la falta de una estrategia general coherente del gobierno con ellas y, en el caso Iguala en particular,  por el boicot y la desconfianza en la colaboración pactada. ¿Hacia dónde va la cooperación? ¿Qué pueden esperar las víctimas de ella? Incluso, la ONG como Alto al Secuestro se suman a los ataques contra la CIDH, aunque poco hacen por la crisis de derechos humanos.

Hay, sin embargo, instituciones que parecen más receptivas con el derecho a la verdad como la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, que junto con la academia (Colmex) lanza por primera vez desde una instancia oficial un experimento para crear comisiones de la verdad específicas en casos emblemáticos como San Fernando, Tamaulipas (2010) o Allende, Coahuila (2011). Bienvenidos estos esfuerzos que tienen el valor de mantener el foco de atención en investigar y ofrecer a las víctimas una explicación plausible sobre lo que la violencia les quitó, sus causas y los responsables de ellas.

 

 

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7. 

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