Con cuatro votos del PRI en contra, una abstención y 20 a favor, el Cabildo de Puebla aprobó contratar una línea de crédito por 300 millones de pesos para financiar, con 180 millones, los proyectos de infraestructura y, con 120 millones, los de seguridad.
La sesión extraordinaria se centró en una discusión que duró una hora y media, pues el PRI y el PAN emitieron posturas divergentes; los primeros criticaron que se destinen más recursos a pavimentación que a seguridad, cuando el argumento del alcalde Luis Banck Serrato para pedir el préstamo fue combatir la delincuencia.
Al respecto, los albiazules señalaron que las obras viales también coadyuvan a la seguridad, dado que, si las calles no están pavimentadas, “las patrullas y las ambulancias no quieren entrar a las colonias”, además de que demoran más de lo debido.
María Esther Gámez Rodríguez, una de las priistas que rechazó la propuesta, aseveró que la “insistencia” por pavimentar “tiene más objetivos electorales”, puesto que las obras se iniciarían en octubre y el proceso electoral en noviembre de este año.
En respuesta, Oswaldo Jiménez López, panista y coordinador de los regidores, expuso que las calles “son prioritarias para el desarrollo y las necesidades de la gente no tienen nada de electoral”.
Obras no son en colonias marginadas
Lo anterior fue rechazado por otra priista, Karina Romero Alcalá, quien denunció que la propuesta era pavimentar calles en las colonias con más incidencia delictiva, en estado de marginación y en la periferia de la ciudad; sin embargo, en el banco de proyectos que presentó David Aysa de Salazar, secretario de Infraestructura, la mayoría de calles se encuentran en la zona urbana.
Aunado a ello, expuso que los proyectos fueron presentados menos de 24 horas antes de la sesión de Cabildo, cuando el reglamento del mismo señala que los dictámenes que serán votados deben ser turnados a cada regidor al menos con 72 horas de anticipación.
A esta protesta se sumó Iván Galindo Castillejos, líder de la facción tricolor, quien además acusó que el dictamen que se les presentó este día era diferente al que se les dio el jueves por la noche.
María Esther Torreblanca Cortés, síndica municipal, tomó la palabra para confirmar que sí había modificaciones, pero aseguró que solo en cuanto a citado de artículos de la Ley de Disciplina Financiera, lo cual no causaba ningún efecto contrario al que se presentó el día previo.
Gustavo Espinosa Vázquez, del Partido Nueva Alianza (NI), Zeferino Martínez Rodríguez, del Partido del Trabajo (PT), y Guadalupe Arrubarrena García, del PAN, defendieron la propuesta y señalaron que el tricolor estaba politizando el tema.
Dictamen fue al vapor
Con las críticas del PRI al dictamen, respecto a que fue “al vapor y estaba lleno de parches”, el munícipe pidió a Mario Riestra Piña, secretario del ayuntamiento, que procediera a tomar la votación.
Los 11 cabildantes de la fracción panista, siete del PRD, NI, PT, Movimiento Ciudadano (MC) y la independiente, Ángeles Ronquillo Blanco, votaron a favor.
Galindo Castillejos, Romero Alcalá, Gámez Rodríguez y María Juana Báez Alarcón votaron en contra y la también priista Rosario Sánchez Hernández se abstuvo.
De esta manera, se avaló contratar el crédito para financiar los proyectos que ya fueron avalados previamente en comisiones de Seguridad Pública e Infraestructura.
Se elegirá entre 5 bancos
A partir de ahora, se pedirá a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) una carta de capacidad financiera, la cual se debe presentar a las instituciones bancarias para solicitar el préstamo.
Cuando se obtenga este papel, que se estima sea la próxima semana, se abrirá una convocatoria pública, con cupo para cinco bancos, para que se presenten propuestas al ayuntamiento, a fin de que los regidores elijan la mejor opción.
Al ser línea de crédito bajo los lineamientos del decreto aprobado por el Congreso del estado el 12 de marzo del 2014, el préstamo tiene que ser pagado antes de concluir la administración municipal, por lo que se aprobó que se pague en diez meses, es decir, de septiembre de este año a agosto del 2018.
De acuerdo con Héctor Arrona Urrea, tesorero municipal, al cierre de julio la deuda pública era de 461 millones de pesos, por lo que, al contratar el crédito, ascendería a por lo menos 775 millones, pues se estima que, por el préstamo, serán 25 millones de intereses.
