De enero a marzo de este año, la deuda pública directa, contingente y de otros pasivos de Puebla sólo bajó en 4.4 por ciento en comparación con diciembre de 2018; además de que el pasivo por Carreteras de Cuota Puebla (CCP) ya fue liquidado.

Al cierre de 2018, Puebla no avanzó en cuatro de los ocho semáforos económicos que analiza “México ¿Cómo Vamos?”, los cuales se encuentran en foco rojo; destacó la “Informalidad laboral”, donde la entidad se ubicó en quinto lugar nacional.

El gobierno interino reconoció como deuda las obras hechas a través de los esquemas PPS y APP, lo cual no hicieron las dos administraciones panistas pasadas, así como anunció una revisión a todos estados financieros para conocer la deuda total del estado.

Este viernes se cumplen cuatro meses de la administración municipal de Claudia Rivera Vivanco, tiempo en el que se cambió la concesión del alumbrado público y disminuyó la deuda pública, pero con pendientes en temas como el ambulantaje y seguridad.

Durante 2018, la deuda pública del estado de Puebla, contingente y de otros pasivos, bajó 6.8 por ciento respecto a 2017, pues pasó de 22 mil 245 millones 572 mil 288 pesos, en diciembre de ese año, a 20 mil 728 millones 23 mil 642 pesos al cierre del año pasado.

El ayuntamiento de Puebla redujo su deuda pública en 31.3 por ciento, al pasar de 318 millones 736 mil 613.12 pesos a 218 millones 966 mil 617.68 pesos, cifra que representa un ahorro de 40.7 millones de pesos de interés para el municipio.

Enrique Robledo Rubio, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), informó a medias al Congreso del estado sobre los adeudos de los PPS, pero reveló que en diez meses dio 264 millones 302 mil pesos a Volkswagen y Audi en incentivos.

En su último informe, el gobernador Antonio Gali Fayad destacó que la deuda pública bajó en 11.6 por ciento, se concluyó la Línea 3 de RUTA, se registró una inversión extranjera de mil 500 millones de dólares y cumplió los 22 compromisos que hizo en campaña.

El Congreso de Puebla aprobó transparentar las obras construidas bajo el formato de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) en el sexenio de Rafael Moreno Valle y quitar al gobernador en turno la facultad de contratarlos sin el aval de los diputados.

Las comisiones de Patrimonio, Hacienda y de Transparencia aprobaron que los PPS sean considerados deuda pública; que su contratación sea analizada y avalada por el Congreso —ya no solo por el gobernador— al igual que el fondo que será utilizado para pagarlos.