Después de que pueblos nahuas y maseuales de Puebla exigieron respeto al derecho a ser consultados sobre proyectos mineros en sus tierras, lo cual fue respaldado por el INPI, el ministro Javier Laynez Potisek retiró, en la SCJN, su proyecto para negarles amparo contra la Ley Minera.
Este miércoles, Laynez Potisek anunció, durante la sesión por videoconferencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que su proyecto de sentencia quedaba retirado de la lista de asuntos a tratar.
“Señora secretaria, sírvase tomar nota de que en esta lista (de los asuntos de mi ponencia) ha quedado retirado el amparo en revisión 928-2019”, dijo al comienzo de la sesión, la cual comenzó hasta las 15:05 horas.
Dicho número de expediente corresponde al amparo que interpusieron Nazario Diego Téllez y otros integrantes de los pueblos nahua y maseual, en la Sierra Norte de Puebla, contra el Congreso de la Unión y otras autoridades por el decreto que expidió la Ley Minera, promulgado el 26 de junio de 1992.
En breve comunicación con Ángulo 7, Leonardo Durán Olguín, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic) calificó como importante que se haya retirado el proyecto, pero indico que falta ver si quedará igual o se modificará la negativa.
La demanda de los inconformes es que la SCJN determine si ese ordenamiento es constitucional o no, puesto que en él no se reconoce que la entrega de concesiones a empresas mineras debe estar sujeta a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, derecho que está estipulado en el artículo 2 de la Constitución federal.
No obstante, en su proyecto de resolución Laynez Potisek argumentaba que “el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”.
En este sentido, el ministro iba a proponer a sus cuatro compañeros rechazar la demanda de amparo de los quejosos y devolver el caso al “al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con sede en Puebla, para que resuelva los agravios pendientes de examen en su ámbito de competencia legal”.
Pueblos e INI presionaron en contra
Al darse a conocer el proyecto, los consejos Altepetajpianij y Tiyat Tlali emviaron el lunes al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, así como Laynez Potisek, e integrantes de la segunda sala, una misiva donde les exigían rechazar la negativa de amparo y discutir el tema a fondo.
El martes, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) respaldó la postura de las comunidades nahuas y maseuales y llamó a la Suprema Corte a declarar inconstitucional la Ley Minera.
En tanto, Congreso Nacional Indígena (CNI) emitió un pronunciamiento donde manifestó hacer suya la “digna lucha” de dichos pueblos por anular las concesiones mineras, “mineras que el mal gobierno capitalista, de antes y de hoy, entregó a los dueños del dinero apoyado en una Ley Minera”.
Sostuvo que dichas concesiones traicionan los Acuerdos de San Andrés, con los cuales se firmó la paz entre el Estado y la insurgencia zapatista, pues se otorga sin importar que “se destruya el medio ambiente, que se devasten culturas y que se agote la esperanza de la vida”.
Por lo anterior, llamaron a colectivos, organizaciones y pueblos del mundo a estar atentos de las resoluciones y acciones que el corrompido poder judicial y el mal gobierno lleguen a adoptar.
