El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) respaldó la postura de las comunidades nahuas y maseuales, en la Sierra Norte de Puebla, en contra de la Ley Minera y llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declararla inconstitucional.
A través el oficio número DG/2020/OF/138, dirigido este los ministros de la SCJN, manifestó preocupación por el proyecto de resolución que será discutido este miércoles por la Segunda Sal, pues sostiene que “la Ley Minera no afecta los intereses y los derechos de los ‘grupos’ indígenas”.
Ante esta conclusión, expuso que el problema es de enorme trascendencia porque se resolverá si los derechos indígenas se deben reducir a derechos culturales o bien, tienen el alcance de derechos fundamentales que los coloque en una situación de justicia que históricamente se les ha negado.
Recordó que, en 1992, el primer reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas sólo les garantizó derechos culturales y que, sin embargo, la reforma constitucional del año 2001, tutela un catálogo de derechos fundamentales en el artículo 2º apartados A y B, como el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Por ello, rechazó la argumentación de que la Ley Minera no afecta este derecho fundamental de la comunidad quejosa y de todas las comunidades indígenas del país, plateada por el ministro Javier Laynez Potisek, presidente de la Segunda Sala y ponente del proyecto de sentencia.
“Sostener que la Ley Minera no debe reconocer el derecho a la consulta, propicia que se sigan emitiendo concesiones sin consultar a las comunidades indígenas, condenándolas a seguir largos y costosos juicios para hacer valer sus derechos”, aseveró el director general del INPI, Adelfo Regino Montes.
Proyecto condena derecho de indígenas
El proyecto de sentencia —sostuvo el INPI-– significa condenar a las comunidades indígenas que no cuentan con recursos económicos para contratar despachos de abogados, a nunca ver consagrado su derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
En otro aspecto, pidió a la Suprema Corte a no perder de vista que, bajo la pretendida homogeneidad de la sociedad mexicana, durante casi 170 años, las Constituciones y leyes no reconocieron a los pueblos y comunidades indígenas, ni a las personas que los conforman.
Así, consideró que el derecho a sus tierras, territorios y medio ambiente, constituyen aspectos centrales para la existencia y desarrollo de los pueblos indígenas, de tal forma que al desconocer los efectos que la minería tiene sobre ellos, se condena a los pueblos a volver a condiciones de discriminación ya superadas.
Por lo anterior, solicita se declare inconstitucional la Ley Minera y se conceda el Amparo a la comunidad de indígenas maseuales o nahuas del estado de Puebla.