Las autoridades deben realizar estudios etnolingüísticos para traducir la Constitución local a siete lenguas indígenas pues la lengua es un sistema organizado en otro mayor: la cultura; debe haber acercamiento con las comunidades y no sólo trabajar “detrás de un escritorio”.
Así lo considero Tanya González Zavala, investigadora del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la FFYL de la BUAP, quien agregó que para una traducción concisa es necesario un estudio etnolingüístico para conocer el espacio de la lengua en la comunidad y cómo se estructura en la misma.
De esta manera, explicó, se comprenderá por qué los hablantes utilizan determinada palabra, “no puedes llegar y decir ahí está el documento legal”.
En cuanto a los estudios sociolingüísticos, González Zavala aseveró que son necesarios para conocer la condición en la cual se encuentra la actitud lingüística –valor de la lengua– de cierta lengua indígena por su propia comunidad.
Refirió que los servicios –de salud o educativo– se han brindado en español, lo que ha restado la importancia de las lenguas vernáculas.
Consideró que esta gestión del Legislativo es un paso importante y lo interesante es el impacto en las poblaciones cuya lengua materna es una indígena “para defenderse” de los abusos por no entender o hablar el español.
Reiteró que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y su grupo jurídico también tienen la obligación de acercarse a las comunidades de hablantes a las cuales se traducirá la Constitución para enseñarles a leer e interpretar el documento.
