Un total de 727 trabajadores de los sectores público y privado promovieron un amparo colectivo en contra de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que entró en vigor este miércoles 1 de mayo.
El proceso legal lo interpuso la firma Trusan & Roma Abogados ante un juzgado en materia de trabajo de la Ciudad de México, autoridad que determinará si admite el trámite y concede una suspensión provisional.
De admitirse, el gobierno federal frenaría la aplicación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, acción que tiene prevista inicie con el primer pago compensatorio a partir del 1 de julio, tras establecer un fideicomiso con el Banco de México (Banxico) y contar con el financiamiento.
Tras la presentación del amparo, los abogados Sandra Minerva y Rodolfo Martínez señalaron que la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar es “inconstitucional y afecta al principio de seguridad jurídica”.
“Este primer amparo de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como al sector público, están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en como ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras, esta reforma es inconstitucional toda vez que es retroactiva y vulnera el principio de seguridad jurídica”.
Además, aseguraron que habrá más amparos colectivos en contra del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Dichos procesos legales los promoverán funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Guardia Nacional (GN) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
¿Cómo funcionará el Fondo de Pensiones?
De acuerdo con el decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, esta herramienta busca que las personas jubiladas alcancen un monto que no sobrepase los 16 mil 600 pesos mensuales.
Para ello, el gobierno determinó crear un fondo que permita concentrar los recursos que servirán para compensar a los jubilados que reciben como pensión una tercera parte de su salario en activo.
Para obtener los recursos que el gobierno administrará a través de un fideicomiso a cargo del Banxico, determinó utilizar los fondos de aquellas cuentas de ahorro que estén inactivas y que corresponden a trabajadores que hayan cumplido 70 años.
Además, destinarán el 75 por ciento de los ingresos de los bienes confiscados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), así como el 25 por ciento de las utilidades del Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, de Cancún y Chetumal.
