El senador Alejandro Armenta Mier escuchó a representantes de los siete pueblos indígenas el pasado domingo 4 de febrero en la junta auxiliar de San Sebastián Alcomunga, Ajalpan, en la Sierra Negra de Puebla y ahí se comprometió a atender sus demandas para revertir el rezago histórico que tienen.
Su presencia en el Foro de Desarrollo con Identidad es un parteaguas en la política poblana porque el impulso a estas comunidades significa romper con el “statu quo” basado en la supremacía de unos sobre el resto, así como el impulso al apoyo mutuo y la convivencia armónica, tan necesarios en nuestra sociedad.
Puebla es pionera en la organización social y comunitaria de estos grupos étnicos, pues realizaron 41 foros para abordar sus problemáticas y propuestas en 886 comunidades nahuas, n’givas, mazatecos, mixtecos, otomíes, tepehuas y totonacos, con el fin de reformar la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como lo instruyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en la aprobada anteriormente no se llevaron a cabo las consultas.
Necesarios, planes de justicia
Ese trabajo no fue menor, sino histórico y concluyó en que el Estado mexicano y poblano deben concretar los planes de justicia, consultando a cada pueblo indígena de la entidad, así como destinarles una parte del presupuesto total, de acuerdo con lo que mandata la misma ley.
Los promotores son los mismos pueblos indígenas y ahora se suma a su trabajo el senador Alejandro Armenta y Morena Puebla, lo cual habla de su sensibilidad y compromiso para frenar los cacicazgos, la corrupción y el abuso de poder, así como la marginación y desigualdad social a través de los planes de justicia que se deben llevar a cabo.
El foro de Alcomunga fue el primero que se realizó, se tienen planeados otros en los siguientes meses, siguiendo con el de la Sierra Norte y para el cual se está revisando el municipio sede.
Y es que los pueblos indígenas o no indígenas no están dispuestos a retroceder en el trabajo que han emprendido para mejorar sus condiciones de vida, por lo que las autoridades deben gobernar consultando a la gente, aunque sí hay que decir que el país tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas que debe ser saldada.
Al margen
Este jueves, Ángulo 7 denunció que la concesionaria Agua de Puebla se negó a dar una constancia de no adeudo, pese a que el Soapap le notificó al usuario afectado que solo debía pagar 377 pesos, pues estaba al corriente de sus pagos.
El agua, al ser un bien estratégico, no puede ser manejado por una empresa privada, pues ni siquiera a la misma le va a convenir cuando el Estado le empiece a exigir que no haya abusos de su parte, además de que no cuenta con la legitimidad para exigirle a la población el cambio de medidores para contribuir al ahorro de este vital líquido, por lo que se debe revisar el tema, sin dejar de garantizar la operación, siendo el argumento principal para frenar la desprivatización; sin embargo, las próximas autoridades no pueden renunciar a la búsqueda de estrategias para lograrlo.
