Tras la detención arbitraria de Ángel Manuel López Rafael y la violación a sus derechos humanos, la presidenta municipal Olga Rosas Parra y el yuntamiento de Jolalpan deberían de ser revocados, como señala en la Ley Orgánica Municipal, indicó el agraviado.
Así lo señaló en rueda de prensa López Rafael, luego de que el pasado 4 de febrero fue aprehendido mientras daba acompañamiento a pobladores de la junta auxiliar Huachinantla que gestionaron un recurso de inconformidad por irregularidades en el plebiscito del 23 de enero y su convocatoria, ya que pedían la anulación y reposición del mismo.
Debido a la detención que le causó lesiones y raspones, el activista señaló que los servidores públicos deberían ser cesados, pues según la Ley Orgánica Municipal es causa de revocación de mandato la violación de derechos humanos.
Asimismo, indicó que pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que intervenga y retire a todos los policías para que se tome control de ese municipio, ya que lo que le hicieron a las personas y al activista fue violatorio a todos los derechos humanos.
“No puede haber ayuntamientos que violen derechos humanos de esta manera, no puede haber personas que están al frente de municipios que sean delincuentes como ellos y que sean libres”, sentenció.
Cabe señalar que los hechos fueron denunciados ante la CDH de Puebla con el folio 240 905 y en la Fiscalía de Defensa a los Periodistas y de los Defensores de Derechos Humanos con la carpeta de investigación 077 /2022.
Detención arbitraria
Las violaciones a sus derechos se dieron cuando les fue negada la salida o el ingreso de comida y agua a la sala de Cabildo, donde manifestaban su inconformidad con el plebiscito; fue entonces cuando decidieron esperar a la edil hasta altas horas de la noche.
Cerca de la 1 de la mañana, el síndico municipal, Alberto Ríos Barrera, ordenó quitar los teléfonos a quienes estaban presentes, por lo que López Rafael dijo que no había orden judicial que permitiera el actuar de los policías municipales, mismos que tampoco se identificaron.
Entonces, el activista dijo que llamaría a la Comisión de Derechos Humanos; mientras se resguardó debajo de una mesa, los policías actuaron con violencia y levantaron el mueble, dejándolo caer y causando que se rompiera, lo anterior mientras que el síndico le quitó el teléfono para ser arrestado y sacado a la fuerza del lugar.
Cerca de las 2 de la mañana, José María Luna Benítez se presentó como juez calificador y lo acusó de haberse metido con violencia y haber roto la mesa, por lo que le indicó que le correspondía una multa de mil 500 pesos o 15 horas de arresto.
Al día siguiente, cerca del mediodía le fueron leídos sus derechos y le pidieron firmar un documento en el que aceptaba haber entrado con violencia y haber roto la mesa, pese a que no fue así e incluso hubo pobladores agredidos, pues los policías actuaron con prepotencia y empujones hacia ellos.
R: DJ
