Ante la lentitud de las fiscalías, familiares sustituyen las tareas de investigación y búsqueda de las personas desaparecidas, mientras que en oficinas de la FGE se sigue poniendo como pretexto para no investigar que deben de pasar 72 horas para buscar a alguien, lo cual es ilegal.
Aí lo expresa el informe “Situación de las desapariciones de personas en Puebla” del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Durante la presentación, Tadeo Luna de la Mora, miembro del instituto, comentó que con el informe recuperaron datos para contextualizar las desapariciones que posicionan a la entidad como el octavo lugar a nivel nacional, toda vez que el total histórico es de 9 mil 231 casos.
Explicó que para ello retomaron cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), donde se muestra que del total histórico, 2 mil 882 personas continúan extraviadas en Puebla, por lo que la entidad ocupa el treceavo lugar entre los estados con mayor cantidad de personas que permanecen como desaparecidas.
Entre 2015 y 2019, desaparecieron 5 mil 109 personas, esto es, el 72.5 por ciento del total histórico; agregó que en Puebla el 53.66 por ciento del total de víctimas de desaparición en el estado son mujeres, frente al 46.27 por ciento de hombres.
Familiares de personas desaparecidas cuentan su experiencia
El desarrollo de estrategias por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) está plagado de pretextos para el inicio de la carpeta de la investigación, pues, pese a que en la Ley General y del Protocolo Homologado de Búsqueda se eliminó la espera de 72 horas, en los Ministerio Públicos no suelen tomar las denuncias por la supuesta espera que deben tener los familiares.
Familiares dan cuenta en el informe que al interponer una denuncia muchas veces no son atendidos y hacen un día de fin de semana o feriado, además de que pese a llegar en las primeras horas del día a emitir la denuncia, generalmente son atendidos hasta las 5 o 6 de la tarde.
“Tiene más de un año, en marzo hizo un año [que se solicitó la búsqueda], y ahorita en marzo bajaron por primera vez, nada más dos días, nada más como para checar puntos, pero puntos que nosotros les dimos, no hacen el análisis que dicen ellos”, se narra en el documento.
Asimismo, las carpetas de investigación son engrosadas con hojas para dar la impresión de que se tienen avances en el caso, no obstante, la información que se incluye es la que dieron los propios familiares, con lo que se sustituye el trabajo de investigación que deberían hacer las autoridades.
En cuanto a la Comisión de Búsqueda de Puebla, el informe resaltó que se limita a pegar volantes y por ser de reciente creación, los familiares fueron testigos de que integrantes de ese organismo no sabían utilizar las herramientas para la búsqueda.
No obstante, con el paso del tiempo, lo que los familiares llaman curva de aprendizaje disminuyó y reconocen también que ya se tiene “mejores experiencias”, pues el trabajo desempeñado de la comisión mejoró.
Familiares realizan labores de las instituciones
Ante la lentitud de las autoridades, familiares sustituyen las tareas de investigación y búsqueda así como las actividades de coordinación y comunicación entre instituciones, por lo que también optan por tender redes de apoyo comunitario, como lo es la creación de los colectivos “Uniendo Cristales” o “Voz de los Desaparecidos”.
Situaciones en las que la fiscalía especializada o la comisión de búsqueda les indica a las personas que busquen a su familiar con amigos o a los lugares donde frecuentaba son una constante; de igual forma, es frecuente que las autoridades indiquen a la familia solicitar videos de pruebas pese a que les corresponde a ellos realizar esas labores.
Dentro de la fiscalía los familiares tienen que dedicarse a sacar copias entregar oficios para agilizar las investigaciones incluso suplen el intercambio de información entre instituciones.
Por lo anterior, el informe explica que los familiares se enfrentan a la burocratización del dolor, ya que las tareas de dilación, simulación y sustitución son una estrategia para ir mermando su exigencia de verdad y justicia, así como una forma de control ante la incapacidad de obtener resultados en las investigaciones.
Irma Orgen, quien busca a su padre desde hace ocho años, desaparecido en Huauchinango, comentó en la presentación del informe que, al iniciar la búsqueda y saber que corría peligro, decidió mudarse a Ciudad de México para movilizar la investigación mediante acciones de búsqueda que tampoco fueron fructíferas ante la burocracia y omisión de las autoridades.
Comentó que ante la revictimización y criminalización de la sociedad por las y los desaparecidos, invitó a la población a informarse sobre la crisis que enfrenta el país en esta materia e incluso de identificación forense, por lo que pidió empatía y humanización en estos temas.
María Luisa Núñez, fundadora del colectivo “Voz de los Desaparecidos”, sostuvo que la carpeta de investigación con más antigüedad en la organización es la de José María Cedano Posadas, pues desde 2008 que fue reportado solo se tuvo la constancia de hechos, una vez creada la Fiscalía Especializada, retomaron el caso, pero sin acciones de búsqueda e investigación.
Comentó que la falta de los registros telefónicos son una constante, por lo que, indicó que le gustaría que las autoridades estatales y municipales leyeran el informe que ofrece un panorama estadístico y de testimonios sobre las desapariciones.
