En una semana caracterizada por la filtración de investigaciones contra políticos de alto nivel, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto, la muerte de Luis Echeverría Álvarez reavivó las exigencias de justicia hacia la FGR y Poder Judicial de la Federación (PJF).
El sábado, México despertó con la noticia de la muerte del, hasta entonces, exmandatario más longevo, Echeverría Álvarez, quien pereció a casi siete meses de haber cumplido 100 años de edad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde el centenario político militó toda su vida adulta, manifestaron sus condolencias a la familia en escuetos comunicados.
En nombre del Gobierno de México envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976.
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 9, 2022
El velorio se realizó este domingo de forma privada en una funeraria de la Ciudad de México, a donde se restringió el acceso a la prensa, pero se observó poca afluencia de políticos o servidores públicos, destacando la ausencia de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.
Lamentamos el sensible fallecimiento del Expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez.
Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos.
Descanse en paz.— PRI (@PRI_Nacional) July 9, 2022
En contraste, las redes comenzaron a llenarse con mensajes de indignación y críticas hacia el Estado mexicano por el hecho de que Echeverría Álvarez murió “impune” por su responsabilidad en las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, así como por las miles de desapariciones y asesinatos de los primeros año de la Guerra Sucia.
Exigen reabrir caso y extinción de dominio
Sin embargo, integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas respondieron que el exmandatario priista “no murió impune ni exonerado”, sino imputado por el delito de genocidio, pero con un amparo que le permitió vivir en libertad hasta el último de sus días por la “inacción” de la extinta PGR.
En una rueda de prensa frente a Palacio Nacional, organizada el mismo sábado por la tarde, los exlíderes estudiantiles del 68 sostuvieron que la causa penal contra Echeverría no está extinta, por tratarse de un crimen de Estado, y exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que reabra la carpeta de investigación
Y es que, en 2006, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, adscrita a la PGR, imputó al expresidente por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes y civiles en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.
En consecuencia, un magistrado federal libró, por primera en la historia de México, una orden de aprehensión contra un expresidente y Echeverría Álvarez pasó dos años en prisión domiciliaria mientras se desahogó el proceso.
Para marzo de 2009, la defensa del priista, encabezada por el abogado Juan Velásquez, consiguió que su cliente recibiera la protección de la justicia federal y la PGR desistió de aportar más pruebas para continuar con el proceso.
No obstante, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió meses después que la acción penal no había prescrito y que el delito de genocidio estaba acreditado.
En este contexto, los exlíderes demandaron una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado quede impune y que se aplique la “extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Luis Echeverría para que sean aplicados a la reparación del daño y en favor de sus víctimas”.
LPR
