La Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que establece nuevas reglas para que las autoridades lleven a cabo el uso, usufructo, enajenación y monetización de bienes asegurados a particulares y vinculados a diversos delitos.
Lo anterior, en sesión extraordinaria realizada este jueves, donde el dictamen de decreto quedó avalado, en general y particular, con 291 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones, por lo que fue enviado al Ejecutivo para que lo promulgue y entre en vigor.
De acuerdo con la nueva legislación, la extinción de dominio es la “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva una contraprestación ni compensación”.
Aplicará a bienes que “sean producto, instrumento o estén destinados a cometer” los delitos de secuestro, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
La extinción de dominio será imprescriptible para bienes de origen ilícito y no se anula por la muerte del investigado o procesado por el delito, por lo que “las consecuencias subsisten contra los herederos”.
La ley también crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos, en sustitución del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Además, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.