La Udlap se convirtió en foco de atención luego de que sus instalaciones fueron tomadas por la Policía Estatal debido a la pelea legal entre miembros de la familia Jenkins por el manejo de los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins, benefactora de la universidad.
El inicio del litigio comenzó en junio de 2013, cuando Guillermo Jenkins de Landa -nieto del creador de la fundación, William O. Jenkins- fue destituido como patrono de dicho organismo por Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, contratados por el representante jurídico de la Fundación Mary Street Jenkins, Alejandro González Muñoz, por orden de su propia familia.
El 30 de abril del año siguiente, en 2014, Elodia Sofía de Landa Irízar y Guillermo Jenkins Anstead pasaron a la fundación Bienestar de la Filantropía, ubicada en Aguascalientes, 720 millones de dólares, pero en diciembre de ese año, cambió su domicilio a Barbados y un año después se fue a Panamá, donde cambió el nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.
Para diciembre de 2015, trascendió que la Fundación Mary Street Jenkins, principal benefactora de la Udlap se quedó sin patrimonio, de acuerdo con sus propios informes al Servicio de Recaudación Interna de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en ingles), debido a una donación por un monto extraordinario.
En enero del siguiente año, Carlos Serna Rodríguez, representante legal de Guillermo Jenkins de Landa, confirmó la noticia y explicó que la información fue obtenida de las declaraciones fiscales presentadas ante el Departamento del Tesoro en Estados Unidos de 2013 y 2014; la cantidad aparecía en el apartado “aportaciones, donaciones y concesiones pagadas”, lo que representó más de 42 veces lo donado en 2013, que fueron 5.5 millones de dólares, el 2.31 por ciento de los activos. Por lo que solo quedarían 2.8 millones de dólares en el fondo para apoyos.
Jciapep se dijo incompetente para caso
En su momento, el nieto del fundador denunció los hechos ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (Jciapep), pero se declararon incompetentes para actuar sobre dichas irregularidades
Por su parte, el reportaje de Proceso señaló la actuación del entonces gobernador Rafael Moreno Valle para quebrantar a la Fundación tras crear una firma en Barbados y transferir 720 millones de dólares que administraba el organismo en México, pues la familia Jenkins habría realizado triangulaciones financieras para hacer inversiones inmobiliarias, que implicaría a los Patronos propietarios de la fundación.
Además, se destacó que en la gestión del panista se aprobaron modificaciones a la Ley de Asistencia Privada para que el gobierno estatal se pudiera involucrar en las fundaciones privadas a través de la Jciapep, donde tres de los integrantes de mayor rango fueron propuestos por el entonces mandatario poblano, por lo que se opusieron a indagar el desfalco, pese a cuatro requerimientos interpuestos desde diciembre de 2013 a marzo de 2016.
Fue hasta principios de mayo de 2016 cuando la Junta dio a conocer que inició una auditoría y notificó el caso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la entonces Procuraduría General de la República (PGR). El ejercicio habría iniciado tras una sesión el 15 de abril.
Sin embargo, el 23 de mayo, el abogado Serna Rodríguez acusó que la auditoría mencionada era opaca, por lo que solicitó especificar qué se investigaba en el caso, así como indagar la donación en 2014, de 228.8 millones de pesos al Museo Internacional del Barroco (MIB), Palacio de Bellas Artes y Bienestar Filantropía, pero no obtuvo respuesta, por lo que tramitó un amparo.
SAT deja de considerar a Fundación donataria autorizada
Para enero de 2017, se dio a conocer que, desde 2015, el SAT eliminó a la fundación entre las figuras jurídicas autorizadas para recibir donativos, es decir, no fue considerada como donataria autorizada, lo que le permitía tributar como persona moral con fines no lucrativos y recibir donativos sin límite ya sea en efectivo o en especio con exención de carga impositiva, como el ISR.
Luego de especulaciones por el cambio de domicilio fiscal de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), ubicada en San Andrés Cholula, Juan Carlos Jenkins de Landa desmintió su traslado a Jalisco y señaló que el cambio de domicilio fiscal no afectaría las labores de la institución, al tiempo de afirmar que “se iba a seguir apoyando a Puebla”.
Al respecto, la defensa de Guillermo Jenkins aclaró que no fue cambio de domicilio fiscal, sino social, con el que la familia buscaba evadir la investigación en su contra.
Y es que, explicó, el domicilio fiscal es para que las autoridades sepan dónde están los documentos fiscales de la fundación y que, independientemente de lugar, deben presentar sus declaraciones; mientras que el social es donde está constituida la sociedad y funcionando, por lo que –afirmó– una institución poblana la convirtieron en una jalisciense violando la ley.
Para diciembre de 2017 se dio a conocer que la fundación Jenkins habría realizado un desfalco contra el patronato de la Udlap por más de 245 millones de pesos, desde 2013, cuando se anularon varias cuentas por cobrar.
En 2018, destituyen a patronos
En tanto, para julio de 2018, cuatro años después de la interposición de recursos ante la Jciapep, ésta decidió remover a los patronos de la fundación. Por su parte, la familia Jenkins seguía negando el desfalco.
El 24 de diciembre de ese año, Moreno Valle y su esposa y actual gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo -quien posiblemente seguiría las normas del morenovallismo- fallecieron en un accidente aéreo, por lo que, tras elecciones extraordinarias, Miguel Barbosa Huerta, de Morena, asumió el cargo.
Fue el 1 de marzo de este 2021 cuando se difundió que había una orden de aprehensión contra seis miembros de la familia Jenkins por el lavado de 14 mil millones de pesos: Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como la madre Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Tres días después, Elodia Sofía de Landa Irizar rechazó las acusaciones y afirmó que el patrimonio estaba resguardado, al tiempo de acusar a su hijo Guillermo de causarle daños y problemas a la familia, mientras que el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que administraciones pasadas (haciendo alusión a Moreno Valle) solaparon el desfalco de la fundación, por lo que el litigio exhibiría a involucrados, como políticos y académicos.
Para el 18 de mayo, el juez sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de los bienes de la familia Jenkins como garantía para devolver el patrimonio de la fundación, valuada en 720 millones de dólares. Entonces el mandatario poblano reiteró que el dinero que concentra la institución no es de los familiares, sino de la fundación, pues así quedó establecido por el creador, por lo que tenía que regresar a Puebla.
Toma de la Udlap
Fue el pasado 29 de junio cuando elementos de la Policía Estatal y auxiliar tomaron las instalaciones de la Udlap, luego de que el nuevo patronato indicó que un juez le otorgó el control de la universidad derivado del conflicto familiar por irregularidades en la fundación, lo cual fue negado por la institución.
Por su parte, el nuevo patronato de la Udlap señaló que se buscan recuperar los bienes sustraídos “ilícitamente” del patrimonio de la fundación, por lo que un juez ordenó otorgarle la posesión de la universidad para “garantizar el normal funcionamiento de la institución” y ordenó a las actuales autoridades administrativas, incluido el rector, a abstenerse de realizar actos de disposición sobre el patrimonio de la misma.
En tanto, Barbosa Huerta señaló en su conferencia de prensa matutina del 30 de junio que el ingreso de la policía fue en apoyo a la diligencia de un juez, quien exhortó al Poder Judicial de Puebla a realizarla con auxilio de la fuerza pública.
El rector de la casa de estudios, Luis Ernesto Derbez, sus colaboradores y expatronos de la Fundación Universidad de las Américas Puebla fueron denunciados por los actuales por desvío de recursos, administración fraudulenta, delincuencia organizada y lavado de dinero, ejercicios que se hicieron a través de al menos cinco empresas radicadas en Puebla y fuera del país para desviar recursos de la universidad.
Derbez niega acusaciones y pide diálogo
Derbez negó dichas acusaciones, rechazó al nuevo patronato que fue nombrado sin que ello se hiciera público y llamó al diálogo con el gobernador Barbosa Huerta, pero este último declaró que no habrá algún acuerdo con el rector hasta que se regresen los cientos de millones de dólares a Puebla; asimismo, señaló que el académico tendrá que estar tranquilo “si tiene las manos limpias y ha manejado bien el patrimonio de la institución”.
Por su parte, este miércoles, el patronato de la Fundación acusó que la Jciapep busca imponer a patronos para apropiarse de los recursos y de la Udlap, al tiempo de desmentir que su patrimonio ascienda a los 750 millones de dólares, como señaló Barbosa Huerta.
Asimismo, aclaró que el patrimonio está invertido en bienes inmuebles y activos, donde el 50 por ciento de los recursos corresponden al campus de la Udlap, mientras que el 40 por ciento está en bienes inmuebles dentro del país que crean empleos, mejoran la economía y pagan impuestos en Puebla y a nivel nacional.
Es necesario señalar que la Fundación Mary Street Jenkins trabaja desde 1954 en México apoyando acciones de educación, cultura, salud, deporte y asistencia legal, luego de que el empresario estadounidense William O. Jenkins desarrolló negocios en Puebla y dejó su fortuna manejada por la fundación para estos fines.
Por ello, impulsó la creación del Colegio Americano de Puebla, el Club Alpha y la Udlap desarrollada desde 1967 y que abrió sus puertas en 1970.
