Hasta después de 4 años del presunto desfalco patrimonial de la Fundación Mary Street Jenkins, que asciende a 720 millones de dólares, se va hacer la remoción de los patronos, sin embargo, ya no está acreditada para ser donataria.
Así lo informó, en entrevista con este medio, Guillermo Jenkins de Landa, expatrono de la fundación y mayor de los nietos, quien calificó como una “simulación” los eventos a los que han acudido su mamá y sus hermanos, mismos que acusó de ser los responsables del desfalco.
Indicó que fue en julio de este año cuando la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla acordó remover al patronato, encabezado por su mamá Elodia Sofía de Landa de Jenkins, viuda de Guillermo Jenkins Anstead.
Así como sus hermanos Roberto; María Elodia; Margarita y Juan Carlos, todos de apellidos Jenkins de Landa, además de Manuel Mestre Martínez y Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Mencionó que la junta ha actuado de forma subjetiva pero “muy lenta”, ya que “lamentablemente” no cuenta con los recursos porque es un organismo dependiente del gobierno del estado.
Recordó que su mamá, Juan Guillermo Jenkins Eustace y su hermano Roberto son los principales autores del cambio de estatutos en 2014, una vez que a él lo “sacaron de una forma hostil” del patronato, con el único fin de llevarse el patrimonio.
Insistencia obligó a remoción
Sostuvo que ello ocurrió de manera ilegal, pues ni siquiera Manuel Espinosa Yglesias, quien fue el primer el presidente de la fundación Mary Street Jenkins, se atrevió a modificar los estatutos de esa institución creada por Williams Oscar Jenkins Bliddle.
Puntualizó que, si se pudo iniciar la remoción de los patronos, fue por la insistencia que ha tenido en la junta desde 2014 y tras promover cuatro escritos en donde pide la remoción con causa desde ese año, pero que hasta apenas hicieron caso, tras acreditar irregularidades en el manejo de la fundación.
Detalló que hace unas semanas hubo un evento de la Cruz Roja en el Palacio Municipal de Puebla, en el que acudieron las tres personas antes mencionadas, y que calificó como una burla, ya que ellos desde 2014 accedieron a salirse del patronato para llevar a cabo el desfalco patrimonial.
Esto porque explicó que Roberto fue emplazado por la junta para el proceso de remoción, sin embargo, él contestó que ya no es integrante del patronato, lo cual –dijo– es reprobable porque frente a los poblanos se hace pasar como uno de los que está al frente de la fundación.
Esto puede comprobarse con documentos hechos llegar a este medio con fecha del 30 de diciembre de 2014, en los que se muestra que Juan Guillermo Eustace Jenkins, su mama Elodia Sofía de Landa de Jenkins y Roberto Jenkins de Landa, solicitaron en sesión del patronato dejar el cargo que tenían.
Cambio de domicilio se aprobó en 2014
Manifestó que si se hizo lo anterior, fue porque ya tenían el objetivo de cambiar el domicilio de la fundación de manera ilegal, ya que no le avisaron a la junta, pues para ello se tenía que pedir un permiso argumentando el motivo y determinar si se daba o no.
Y es que, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada Para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se señala que cualquier cambio de domicilio deberá realizarse con su previa autorización.
Añadió que el cambio de domicilio social se autorizó el 2 de diciembre de 2014, en una sesión del patronato de la fundación en la que se acordó que se mudará a partir del 23 de diciembre de ese año a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Lo cual igual fue avalado, una vez hecho el cambio, con la escritura 2722 por Víctor Manuel Delgado Márquez, notario público 137 de Jalisco, en donde se registró a partir del 17 de marzo de 2015 con el folio 31206 en el Registro Público de la Propiedad de esa entidad.
Aunado a esto, otra muestra de que se hizo el cambio, dijo, es el pago que se hizo por los derechos de inscripción en la boleta registral de personas jurídicas el 17 de junio de 2016, y por lo que se erogaron 332 pesos.
Es necesario mencionar que en diciembre del año pasado, Carlos Serna Rodríguez, representante legal de Guillermo Jenkins de Landa, informó que si la fundación hizo el cambio de domicilio social, fue para “evadir” por la investigación del desfalco de los 720 millones de dólares.
