En sus tres primeros meses la LX Legislatura del Congreso de Puebla, intentó echar abajo seis leyes “morenovallistas”, pero cinco sobrevivieron gracias a los vetos del exgobernador Antonio Gali Fayad, quien antes de irse se opuso a reformar la ley de deuda pública y la del Periódico Oficial.
De la media docena de reformas aprobadas principalmente por diputados de la coalición Juntos Haremos Historia (que son mayoría), el exmandatario se negó a promulgar cinco y las devolvió con observaciones argumentando errores en la legislación, pero hasta la fecha no han sido corregidas y, a falta de un gobernador, se mantienen en espera.
Los últimos dos vetos los ejerció antes de dejar el cargo el 15 de diciembre, ya que se opuso a la entrada en vigor de las reformas que reconocerían las obras financiadas como Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) como deuda pública y obligaría al gobierno del estado a transparentar los contratos firmados por la administración del panista Rafael Moreno Valle.
Las modificaciones fueron aprobadas por la mayoría de los diputados el pasado 14 de noviembre, pero Gali Fayad se negó a publicarlas en el Periódico Oficial del Estado argumentando inconsistencias en la redacción y en el contenido de la propia reforma.
El dictamen buscaba revertir modificaciones hechas por la Legislatura anterior (con mayoría del PAN y sus aliados), que excluyeron a los PPS de ser deuda y por lo tanto su costo actualmente no figura en el monto de deuda pública del estado.
El exmandatario también se negó a avalar los cambios a la ley del Periódico Oficial del Estado, que si bien no figura como parte del legado morenovallista, funcionaría como estrategia para burlar futuros vetos del poder Ejecutivo.
Frenaron ley para brincar vetos
Esto porque la reforma reducía de 15 a diez días el plazo para que el gobierno estatal hiciera observaciones a las leyes salidas del Congreso, además de que establecían 10 días como límite de tiempo para que una ley entrara en vigor si no se le hacían observaciones.
No obstante esto sigue sin validarse porque el exgobernador se negó a promulgarla señalando que los diputados excedían sus facultades al fijar un plazo a la labor del poder Ejecutivo.
Previamente la LX Legislatura aprobó que el Congreso fijara las tarifas del servicio de agua (facultad que le fue retirada por diputados morenovallistas), pero no tuvo el respaldo del exmandatario y el tabulador tarifario continúa bajo el control de la empresa Agua de Puebla, que obtuvo la concesión del líquido en 2014 gracias a Moreno Valle.
Anteriormente Gali Fayad frenó la modificación al artículo 129 la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización, que permitía a los diputados dar menos recursos a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a partir del 2019.
También hizo observaciones (dos veces) a la abrogación de la “Ley Bala” (que marcó el sexenio de Moreno Valle); la revocación de la “Ley Banck”, que permitía al Congreso designar alcaldes sustitutos (por iniciativa del morenovallismo); otras dos veces vetó la que devolvía a los ayuntamientos la regulación de los espectaculares y una vez la que regresaba al Congreso la función de nombrar a un fiscal General, medida promovida por Gali Fayad y aprobada en fast track por la Legislatura pasada.
La única ley morenovallista que logró echarse abajo con aval del exgobernador fue la que permitía las expropiaciones “exprés”, ya que se quitó al gobierno del estado la atribución de hacerse de un predio en 24 horas sin dar derecho de audiencia al propietario.
Con excepción de esta reforma que sí se publicó en el Periódico Oficial del Estado y se encuentra en vigor, el resto se mantiene en espera de ser modificado y remitido nuevamente al poder Ejecutivo para que las apruebe, aspecto que —por cierto— se está negociando con los perfiles que se analizan para la designación de un gobierno interino tras la muerte de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo.
