La propuesta de políticos mexicanos para reformar el nuevo sistema penal y ampliar la lista delitos que ameritan prisión preventiva sería “un paso en la dirección equivocada”, pues, según la ONU, el aumento de reos no disminuye los delitos.
Así lo afirmó este jueves Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien calificó como “irresponsables” las declaraciones de servidores públicos y activistas que no sólo critican el sistema judicial, sino a los jueces por “liberar delincuentes”.
Lo anterior, durante su intervención en el foro “La Justicia que México necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, donde sostuvo que, en los últimos años, los índices de violencia han sido fluctuantes y el porcentaje de la población en prisión preventiva ha sido estable, lo que indicaría que “probablemente hay pocos vínculos” entre ambas variables.
Advirtió que, a nivel mundial, se ha constatado que dicha medida “puede potenciar la fabricación de delitos” y “se sabe que es posible tener una acusación de un delito particular”, lo que garantiza que la persona va a pasar tiempo en prisión preventiva.
Errores en juicios se deben más a investigadores
Sobre las críticas a los impartidores de justicia, consideró que en la mayoría de los casos, lo más probable es que los errores en los procesos penales se deban a los investigadores, quienes “tienen muchas deficiencias en términos de capacidades técnicas” y “no pueden contar siempre con la cooperación de los ciudadanos por falta de confianza”.
Por lo anterior, conminó a los agentes de los tres poderes del Estado a concebir el sistema acusatorio no como “un sistema de prisiones o libertades”, sino como “un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales“.
Asimismo, consideró que, desde la perspectiva de la ONU-DH, “no debería existir una lista y si ya existe “debería ser disminuida y no añadir otros delitos”.
Barbosa demanda implementación de nuevo sistema
Por su parte Miguel Barbosa Huerta, senador de Morena y presidente del instituto, calificó como “exagerados” los señalamientos contra el nuevo “sistema penal” y demandó al Estado mexicano destinar los “recursos necesarios para terminar su implementación”.
Indicó que dichas críticas en realidad intentan ocultar la incapacidad de los órganos de gobierno “para construir una infraestructura, capacitar a ministerios públicos, a jueces, peritos, policías y hacer de la aplicación del proceso penal algo exitoso”.
Además, acusó que hay casos de corrupción, tanto en procuradurías como en poder judicial, que provocan la libertad de presuntos delincuentes, por coincidió con el representante de la ONU en que “sería un retroceso una reforma legal como está en curso para aumentar el catálogo de delitos graves”.
Cabe recordar que, el pasado miércoles, la ONU-DH señaló que la cifra de desaparecidos en México fue de más de 30 mil personas en los últimos años, más los que no son contados por las estadísticas.
