RMV pagó a operadores en 26 distritos para afiliar a burócratas al PRD, acusan. Alejandra Olivera / Ángulo 7
RMV pagó a operadores en 26 distritos para afiliar a burócratas al PRD, acusan. Alejandra Olivera / Ángulo 7
RMV pagó a operadores en 26 distritos para afiliar a burócratas al PRD, acusan. Alejandra Olivera / Ángulo 7

Felipe Ortega Marín, líder de la corriente Vanguardia Progresista del PRD, denunció que en los 26 distritos electorales, existen operadores pagados por Rafael Moreno Valle, que realizan afiliaciones masivas de burócratas al sol azteca.

Lo anterior, en rueda de prensa, donde precisó que en menos de tres meses se realizó la afiliación masiva de 35 mil personas al PRD, por ello tanto la corriente que representa y la de Vanguardia harán un cruce de información con el padrón de trabajadores del gobierno estatal.

Señaló que entre dichos operadores políticos se encuentran miembros de la facción Nueva Izquierda (NI), quienes “quieren tener el partido para que les sea fácil una política de alianza entre el PAN y PRD en 2018, pero una alianza con la derecha es antinatural”.

Por ello, dijo que las expresiones en contra de la administración morenovallista realizarán un trabajo unitario para resarcir las diferencias y de manera conjunta “estar pendientes de esta embestida del estado”.

Buscarán frenar intromisión de RMV

En ese sentido, junto con José Guadalupe Sánchez Jiménez, representante de Izquierda Progresista, convocaron a crear un frente amplio de izquierdas que no permita la alianza con el PAN, pese a la “sumisión” de NI, Foro Nuevo SOL (FNS) e Iniciativa Galileos (IG) hacia el gobernador de Puebla.

Sobre la improcedencia de la acusación del PRD contra Moreno Valle por presuntos actos anticipados de campaña en dos entrevistas de televisión y a través un portal de internet, Sánchez Jiménez criticó la actitud “ambigua” del Instituto Nacional Electoral (INE) al mostrarse “complaciente” hacia el mandatario.

Por lo que, dijo, presentarían un escrito ciudadano para exigir al INE asuma una actitud de preservar la legalidad del proceso electoral desde ahora, pues de no hacerlo se corre el riesgo de que en 2018 haya una controversia nacional por las “omisiones en el proceso desde el inicio”.

Asimismo, consideró que los aspirantes deben contribuir a que el proceso se dé en un ambiente democrático.

Finalmente, recriminó que en Puebla exista un “doble discurso” que no alienta a la vida democrática del país, pues desde su perspectiva “no existe una cultura de legalidad, además que las instituciones se han pervertido”.

 

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