“México Evalúa” señaló que la privatización de servicios en penales está más enfocada a satisfacer las necesidades de las empresas contratistas pues solo se mejora infraestructura y no las condiciones de los usuarios y sus familiares.
Afirman que el Estado mexicano ha mantenido el discurso de la falta de recursos para alentar la participación de empresas que no tienen experiencia en cuestiones penitenciarias, pero que han obtenido beneficios importantes de contratos de obra pública, en complicidad con los más altos niveles de gobierno.
El estudio, denominado “Privatización de los penales en México”, agrega que la falta de recursos no puede representar un pretexto para la inversión privada en las cárceles, pues de acuerdo a los datos presentados, existe presupuesto para ese sector suficiente y que, en algunos casos, solo se ha utilizado en un 40 por ciento.
Señala que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna se benefició de la privatización de los penales, así como el anterior Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, en la presente administración.
Certificación ACA, discrecional
En el documento consideran, además, que la certificación American Correctional Association (ACA) solo fue una simulación porque solo se preocupa de que los visitantes “vean todo bonito”, cuando no se respetan los derechos humanos, la comida es de mala calidad y se distribuye estupefacientes.
Agrega que dicho modelo ha sido fuertemente cuestionado en Estados Unidos.
Reitera que la concesión de servicios ha perjudicado a los internos porque las empresas buscan ahorrar recursos económicos y, por tanto, los mismos no son de calidad.
En el caso del sector de la construcción –que se dedican a hacer la mejora de infraestructura–, estudios internacionales lo consideran como el más corrupto del mundo y sus operaciones son poco transparentes.
Falta de recursos no es pretexto para inversión privada
En el documento, además, se muestra la cantidad de datos y testimonios que evidencian malas prácticas y violaciones graves a derechos humanos de poblaciones de internos, como tortura, trato indigno, corrupción y sobrepoblación, las cuales, señalan, deberían de ser tomadas como prioridad, de manera que se eviten tragedias reincidentes como la de Topo Chico.
También se insiste que la privatización, aunque permitiría una mayor inversión en la infraestructura y en las condiciones de seguridad (rejas, puertas blindadas, cámaras de seguridad), no toma en cuenta aspectos de reinserción social o de contacto con las familias.
Finalmente, el estudio exhorta a que el Estado proponga cambios de fondo al sistema penitenciario que no se limiten a criterios de infraestructura, recursos y operación, sino que, por el contrario, pongan a la persona en el centro de la discusión.
Editado por: Alina Escandón
