La Secretaría de Gobernación (Segob), atiende los casos de 41 periodistas que se encuentran bajo el mecanismo de protección de la subsecretaría de Derechos Humanos. En los últimos cinco años, 48 periodistas han sido asesinados de acuerdo con la ONU.
El subsecretario Arturo Medina Padilla señaló que la Segob busca proteger a las personas del gremio, especialmente quienes se encuentran en el mecanismo. Durante la sesión del mecanismo, destacó el papel de la Junta de Gobierno y la representación de periodistas en el análisis de los riesgos.
Jesús Peña Palacios, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó que 48 periodistas han sido asesinados desde 2019. Mientras que 103 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas y otros 13 periodistas continúan desaparecidos durante los últimos cinco años.
Esto, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realizó este 28 de febrero. Donde subrayó que 35 de los defensores y periodistas asesinados, estaban bajo el mecanismo de protección de la Segob. Lo cual, consideró, ha motivado diversas expresiones de preocupación por parte de los mecanismos internacionales.
Segob, con avances y desafíos en protección a periodistas
Destacó que el gobierno mexicano ha desarrollado progresivamente un marco normativo e institucional para atender la problemática. Entre ellas, la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle). Mientras que en el 2012 se creó el mecanismo de protección y posteriormente las unidades estatales y fiscalías especializadas en los estados.
En 2019, señaló, a solicitud de la propia Segob, su oficina presentó un diagnostico respecto al mecanismo en donde señaló 104 recomendaciones. De ellas, 17 de 51 recomendaciones prioritarias tienen avances significativos y tangibles. Entre los cuales destacó el fortalecimiento de la coordinación interna y el incrementó del 70 por ciento en recursos humanos con equidad de género.
En ese sentido, advirtió que existen aún desafíos para poder fortalecer aún más el mecanismo.
- Las dificultades para incorporar a personas relacionadas con casos colectivos, que estaban en riesgo.
- La implementación inadecuada de diversas medidas, lo que explica, en gran parte, la persistencia de ataques contra personas beneficiarias.
- Los desafíos para atender con perspectiva de género y enfoque diferenciado a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
- La limitada atención a las causas que generan el riesgo a través de acciones políticas, de prevención y lucha contra la impunidad.
- Fortalecer las campañas públicas de reconocimiento de la legitima labor de las personas defensoras y periodistas, cesar los discursos que desprestigian su labor y desarrollar medidas disciplinarias para prevenir agresiones por parte de servidores públicos
- Finalmente, es crucial impulsar la adecuada y activa participación de todas las instituciones que componen la Junta y seguir fortaleciendo la corresponsabilidad institucional.
