Reconocer a los pueblos indígenas y afroamexicanos como sujetos de derecho público y no solo como objetos de interés público, es la parte central de la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes explicó durante la conferencia del presidente el alcance de la propuesta a analizar por la Cámara de Diputados.
En la exposición, comentó al ser considerados como “sujetos de interés público” en el artículo 2 de la Constitución, estas comunidades son objeto de tutela y asistencia de las acciones de gobierno y de terceros.
Con el cambio propuesto para ser reconocidos como sujeto de “derecho público”, los pueblos indígenas y afromexicanas tendrán la capacidad de tomar sus propias decisiones como el nombrar y elegir a sus de autoridades en asambleas, sus decisiones tendrán valor jurídico, recibirán y administrarán recursos públicos y participar en la construcción de programas educativos.
La iniciativa también contempla obligaciones para el gobierno en favor de estas comunidades como construir vías de comunicación y caminos artesanales, facilitar la comunicación digital, así como realizar consultas en casos en los que actos legislativos o administrativos puedan afectarles.
En el país existen 70 pueblos indígenas y afromexicanos, son reconocidas 68 leguas indígenas con 364 variantes. En total, en México hay 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones de personas se reconocen como pertenecientes a un pueblo indígena y 2.5 millones como parte de la comunidad afromexicana.
