Editorial Ángulo 7
En este espacio vertirmos la opinión de nuestro medio, siempre con una visión contructiva Credito: Elaboración propia

Han pasado cinco de años de la agresión hacia Esmeralda Millán González por parte de Fidel N., quién le arrojó acido a su cara causando daños severos. Sin embargo, existe una falta de insensibilidad por parte del Poder Judicial, por lo que aún no hay sentencia para su agresor.

El Poder Judicial o carece de competencia para resolver este tipo de casos o no ve que en México cada vez es más difícil para las mujeres acceder a la justicia contra sus agresores, pese a que tiene todos los elementos palpables, es órgano opta por no hacer nada.

Los procesos son demasiado largos que pareciera que el fin es que la víctima desista y se olvide de su caso para al final darle “carpetazo”.  Y es que por lo menos en el caso de Millán González, ya habían detenido a su agresor el mismo mes que ocurrió la lesión hacía ella; además de que las quemaduras son evidentes.

Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 2018. El imputado había logrado “burlar” la justicia en 18 ocasiones, de acuerdo a información proporcionada por su abogada.

Este caso no es el único en su tipo. Lo mismo le ocurrió a la ahora activista, Carmen Sánchez, quién en febrero de 2014 fue agredida por Efrén, también expareja; y fue hasta mayo de 2023 que un juez dictó la sentencia de 46 años 8 meses.

Otro caso impune es el de María Elena Ríos Ortiz, la saxofonista oaxaqueña, que también sufrió este mismo tipo de agresiones, en septiembre de 2019. Sin embargo, aquí, el Poder Judicial ha actuado con más dilación.

Son cinco los involucrados en este caso de los cuáles 4 están presos: entre ellos Juan Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado del PRI y empresario gasolinero, Juan Antonio Vera Carrizal (este es uno de los detenidos, su hijo y autor intelectual, prófugo), le siguen Rubicel N y Rubén N., autores materiales; y Pociano N. quién falleció en 2022.

Existe una cuenta pendiente que tendrá que ser saneada. Urge la renovación del poder judicial para poder garantizar acceso a la justicia.

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