La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) pronunciarse sobre la situación que enfrenta el país y la región en materia de tráfico y venta de armas por parte de empresas privadas.
Durante la audiencia pública en materia de las operaciones de las empresas privadas que fabrican armas y sus efectos en los derechos humanos, Alicia Bárcena denunció una situación de emergencia en México, junto a otros países de la región, por la disponibilidad indiscriminada de armas de fuego.
“El estado mexicano sostiene que esta realidad debe ser considerado ante la Corte Interamericana, para que con un enfoque de universalidad e interseccionalidad, analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tiene en el disfrute de los derechos humanos en los estados americanos” expresó la canciller.
Durante la audiencia, Bárcena explicó que “la proliferación de armas de fuego en manos de civiles sólo puede entenderse a raíz de un tráfico transfronterizo desregulado y que tiene consecuencias de seguridad pública que se traducen en vulneraciones del derecho humano a la vida e integridad”.
Reiteró que existe evidencia de la relación entre la disponibilidad de armas y el aumento de la violencia, que, en México, llega anualmente de manera ilegal 200 mil armas provenientes de empresas privadas de Estados Unidos.
Recordó ante la Corte, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana presentó una demanda en tribunales estadounidenses contra cinco tiendas de armas y en contra de empresas fabricantes y distribuidoras por su responsabilidad en el tráfico ilegal de fusiles, que terminan en manos de organizaciones criminales en México.
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Empresas conocen e ignoran la situación
En la audiencia, Bárcena también denunció que las empresas de este tipo no aseguran la trazabilidad ni evitan el desvío hacia segundos o terceros propietarios, lo que facilita que caigan en manos del crimen organizado y demás organizaciones delictivas.
De igual forma reiteró que las empresas tienen estrategias de comercialización especiales para llegar a esos grupos, por lo que su responsabilidad contra la vulneración de derechos humanos es directa.
Por ello, solicitó considerar especialmente el “impacto de la violencia armada contra grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTBI+”, que tienen en situación de emergencia a México y a la región pues otros países como Bolivia y Colombia se sumaron a la denuncia.
