Erika Ordaz Rivera, viuda de Roberto Martínez Salazar, acusó que su esposo murió por golpes que recibió en un centro de rehabilitación, conocido como anexo, “El Padre Bueno”, del municipio de Xiutetelco, el 9 de agosto, sin embargo, el dictamen médico establece neumonía, pero la Fiscalía no le ha entregado los resultados de la necropsia.
En entrevista con Ángulo 7, dijo que el occiso, tenía 37 años de edad, y tenían 4 hijos, aunque desde hace ocho meses se habían separado, pero mantenían comunicación.
El pasado 5 del mes en curso en una llamada que tuvieron, él le dijo que se sentía mal e iba ver que, si iba al anexo, ella le respondió que no, que mejor fuera al doctor.
Sin embargo, uno de los inquilinos de la casa de su esposo le marcó y le informó que se había ido en un carro negro, que es el de Élfego Luján, quien es el propietario del anexo, quien a los tres días le marcó para informarle que ya había muerto, por lo que se trasladó al lugar.
Contó que al llegar estaba de encargado un joven de 16 años quien le respondió que no sabía qué había pasado, por lo que contactó al propietario y le contestó que “solo le había dado un ataque”, además de que ya había varios policías que él habría mandado a traer porque –afirmó– está bien parado con el alcalde Baltazar Narciso Baltazar.
Ordaz Rivera explicó que, el propietario del anexo, le recomendó que no le hicieran la autopsia a su esposo, ya que le iba a salir más caro, lo cual le causó ruido, después se le acercó uno de los policías quien le recomendó que sí se la hiciera, pues es por protocolo, además de que aseguraba que “algo no estaba raro”.
Solo dieron largas en Fiscalía
“Yo dije qué procede, me citan tardísimo hasta la Fiscalía, les pedí que agilizaran (los trámites) para moverme, pasó mucho tiempo, eran 2 o 3 de la mañana, me fui a la casa, porque según sería hasta las 8 de la mañana, pero el cuerpo me lo entregaron como a las 2 de la tarde, cuanto acudí a verlo estaba golpeado, hasta con la nariz chueca”, expresó.
Explicó que fue a su casa a cambiarse y regresó cuando una persona representante de la funeraria que hizo el levantamiento de cadáver le afirmó que no le habían hecho la autopsia, pues solo lo abrieron sin hacerle el procedimiento de ley y solo lo cocieron, pero por el temor a que pueda haber represalias contra ellos, no quisieron darlo a conocer de manera pública.
Y es que, de acuerdo con el certificado de defunción firmado por el Ministerio Público se detalla que las causas de la muerte establecidas por el médico legista, Armando Báez Abeille, fueron neumonía bilateral, cirrosis hepática y alcoholismo crónico.
Si bien Ordaz Rivera comentó que su esposo sí estuvo internado en ocasiones anteriores, no era coherente la forma en que había muerte, pues incluso el médico legista le dijo que el cuerpo iba a estar amoratado porque no pudo respirar previo a su muerte y que “no creyera que se lo habían matado”.
Puntualizó que tras etas inconsistencias y con las fotos que tenía acudió a la Fiscalía Regional para quejarse del proceso y les mostró las fotos, cuando “salió una persona equis” que no le dio su nombre, pero que le enseñó otras imágenes en la que se veía el cuerpo de cuando lo estaban levantando y que “no tenía golpes”, pero sostuvo que estaban editadas.
Evitan dar resultado de autopsia
“Yo estuvo como 3 o 4 horas con algunos medios de comunicación que llegaron, me pasaron y no estuve ni 5 minutos, me pidieron esperar, estuve otras 3 o 4 horas, sin que me atendieran, entró otro reportero, entró una licenciada para presionar y solo le informaron que el resultado de la necropsia se iba a quedar, pedí que el médico legista diera la cara y no hubo respuesta”, declaró.
Ante esto, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que den a conocer el resultado de la necropsia que le hicieron al cuerpo, así como se investigue al anexo, pues no es la primera vez que una persona que llega y a los pocos días pierde la vida, pero como el propietario “se siente protegido” el ayuntamiento no hace algo al respecto.
Es de mencionar que el pasado 8 de diciembre, el Congreso de Puebla aprobó, por mayoría, adicionar el artículo 258 Bis del Código Penal, para sancionar a quien preste servicios en centros de salud mental o adicciones sin tener licencias de funcionamiento o registro de la Comisión Nacional contra las Adicciones.
La reforma, que fue promovida por el exgobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta, contempla sancionar hasta con 4 años de prisión y multa de 19 mil 244 pesos a quien opere este tipo de establecimientos si están fuera de la norma, además de que se facultó a la Secretaría de Salud (SS) para que se encargue de la supervisión de dichos inmuebles.
