Jesús Flores Núñez acusó que, en 2011, su abuela Ana López González –actualmente fallecida– fue “engañada” por un “terrateniente” para que le vendiera una parcela de 3.5 hectáreas en Ciudad Serdán y, aunque su familia presentó una denuncia en la Procuraduría Agraria, el acaso no ha avanzado desde el 2021 en el Tribunal Unitario Agrario del distrito 37, por lo que piden a la Sedatu apoyo para agilizarlo.
En entrevista con Ángulo 7, comentó que fue en 2016 cuando se dieron cuenta de eso, toda vez que su abuela como ya está grande iba hacer la sucesión ejidal de dos parcelas, una de 4 hectáreas y otra de 3.5, siendo su papá Higinio Flores López, el que se iba a quedar con esas tierras, ubicadas en la comunidad de El Sabinal.
Relató que acudieron a Registro Agrario Nacional (RAN), en la ciudad de Puebla, en donde les informaron que solo podían realizar los trámites por una, ya que la otra había sido vendida años atrás, por lo que cuestionaron tal hecho y pidieron que les dieran la información de ello.
Sin embargo, dijo que no se las dieron y tuvieron que ir a la Ciudad de México a las oficinas centrales del RAN, en donde pudieron entrar al archivo en el que se detalla que se hizo una compra-venta, la cual quedó a nombre de Gerardo Rivera Salas, quien es una persona que vive en una comunidad vecina, que es “terrateniente” y se jacta de tener dinero y contactos.
Comentó que de acuerdo con les contó su familiar, en 2011 dicha persona llegó a su casa de noche y le dijo que le iban a dar apoyos de los programas sociales, pero como no sabía firmar solo puso su huella en un papel y, en contubernio con un nieto (su primo) a quien le pagó para conseguir el certificado original, puedo hacer el cambio de propiedad.
Dijo que sí habían notado que se sembraba el terreno, pero no sabían porque, hasta que supieron que ya no eran suyas, por lo que “empezaron a moverse” y se dieron cuenta que “todo fue irregular”, ya que tuvo que haberse hecho una asamblea del consejo ejidal y notificar a los hijos para que se autorice, pero “se brincó todos los trámites”.
Compra fue a través de engañosNo obstante, en el contrato Rivera Salas puso que su abuela no tenía hijos, además de que le pagó solo 37 mil pesos por las 3.5 hectáreas, lo cual es muy poco, pero actualmente ya falleció, lo que ha complicado el caso porque como primera propietaria ya no puede argumentar cómo sucedió el proceso.
“Este señor tiene mucho dinero, es terrateniente, pero la verdad, pues se aprovechó porque mi abuela no sabía leer ni escribir, entonces solo le puso la huella, la engaño diciéndole que iba a un programa de ayuda del gobierno y nunca recibió algo, lo hizo solo para quitarle sus tierras, por eso tratamos de recuperarlas”, expresó.
Flores Núñez manifestó que por ello su papá, al ser el que iba recibir la sucesión, intentó buscar a dicha persona como supuesto “dueño” para poder solucionar, pero no tuvo éxito porque argumentó que la propietaria ya le había vendido desde el 2011 y no tenía algo más que hablar.
Por ello, en marzo de 2019 entregó un oficio el área de Atención Ciudadana, encabezada en ese entonces por Leticia Ramírez Amaya para que pudiera ser atendido el caso, siendo en noviembre cuando recibió una notificación de la Procuraduría Agraria.
Mencionó que para enero del 2020 se presentó un escrito inicial de demanda en contra de Gerardo Rivera Salas, en el que pide que se anule el certificado y le devuelvan las tierras, pero éste último argumentó que quien vendió el predio no tenía familiares, por lo que desde ese entonces ha estado ocupando el terreno.
Agregó que la primera audiencia se llevó a cabo marzo del 2021, después en julio la segunda, para octubre la tercera y en todas ha negado que la compra-venta haya sido irregular, aunado a que contrató una abogada y eso ha provocado que como afectados “les den largas”.
Desde enero, esperan resolución
En mayo del año pasado se llevaron dos audiencias más y Rivera Salas presentó alegatos diciendo que no sabía de los hijos de la señora, por lo que pidió que justificara que fueron los familiares e incluso fueron visitadores agrarios para comprobarlo y preguntarle si estaban de acuerdo con el caso que se llevaba a lo que respondieron que sí.
Tras esto, informaron que para enero de este año se iba a dar el veredicto final y, en un principio el caso estuvo a cargo del magistrado Rafael Rodríguez Rodríguez, extitular del TSU del distrito 37, pero lo cambiaron y María Antonieta Villegas López, quien se quedó a cargo, le notificó a la familia que se tomaría un par de meses para revisarlo.
No obstante, sostuvo que ya pasaron cinco meses sin que tengan una respuesta o notificación, por lo que pidió a las autoridades federales que se agilice este proceso, ya que están en la incertidumbre de si podrán recuperar las tierras o no, ya que su papá quiere arreglar sus papales y no lo pueden hacer mientras no concluyen.
LPR
