Desde el fin de semana pasado estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han sido desalojados de Ciudad Universitaria. El día de hoy continuaron con esta medida, por lo que las alumnas y alumnos decidieron manifestarse frente a la torre de rectoría.
Estos compañeros(as) solicitan ayuda pues en su mayoría residen en otros estados o ciudades y por falta de oportunidades laborales y a causa también de sus horarios de clase han encontrado su sustento principal en la venta de productos, entre los que incluyen los alimenticios.
En los videos que ya circulan entre la comunidad universitaria se observa cómo los están grabando, un acto a todas luces intimidatorio e innecesario puesto que lo único que piden es que la administración central los(as) escuche.
En el Reglamento de los alumnos se señala en el capítulo II De las Obligaciones en el artículo 27 fracción XIII. “Evitar el uso de espacios de esparcimiento y aprendizaje para actividades ajenas a la Universidad o que interrumpan las labores docentes o de estudio.” De acuerdo con esto, los alumnos(as) no hacen daño a nadie ofreciendo sus mercancías, puesto que el hacerlo no interrumpe las labores docentes o de estudio.
Sin embargo, el tema no se reduce a la simple consideración normativa, más bien tiene que ver con el análisis de un problema mucho más complejo que amerita consideración y resolución.
Para empezar esta práctica no es nueva. ¿Por qué se había consentido y ahora ya no? Si la universidad tiene concesionados ciertos espacios para que se ofrezcan servicios de alimentación, muy bien podría conceder un espacio a estos alumnos(as) también.
Frente a la necesidad económica de los alumnos(as) se pueden idear varias alternativas. Es un hecho que la entrega de becas no es suficiente, pero podríamos pensar en una vieja demanda estudiantil que es la de los comedores universitarios.
Es obvio que la manifestación pacífica llevada a cabo frente a la rectoría tiene el propósito de ser escuchados(as) y frenar las amenazas de expulsión con la que se les ha desalojado del lugar ocupado por ellos(as).
Este problema no hace sino remitirnos al tema de fondo que es el derecho que tienen los jóvenes a la educación y además a una educación gratuita. Los y las jóvenes desalojados(as) son sólo algunos de los miles de estudiantes que tienen que estudiar y trabajar para continuar con su proyecto educativo, y la universidad no puede levantar los hombros y decir “es su problema”.
No es su problema, es un problema de todos, es un problema que aqueja a la población estudiantil y que nuestra institución debe tratar de resolver o, al menos, de paliar. La expulsión obviamente no resuelve nada. Al contrario, agrava el problema y vuelve imposible el diálogo indispensable para implementar medidas benéficas para nuestros alumnos(as) y que nuestra universidad les puede garantizar.
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