El 13 de diciembre de 2022 la presidencia de la república presentó ante la Cámara de Diputados la “Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se expida la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación”.
La Exposición de Motivos inicia con esta declaración: “La presente iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho humano a la ciencia reconocido en la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), a través de una política articulada por el Estado mexicano en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en la que el Estado ejerza la rectoría indispensable para el desarrollo nacional y el bienestar de la población.”
La fracción V del artículo 3º constitucional señala: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;”
¿La pregunta aquí es en qué o cómo afectaría a las universidades públicas la aprobación de esta iniciativa?
Para empezar, habría una asignación del gasto público en materia de investigación que las universidades tendrían que compartir con los nuevos centros de investigación denominados en la iniciativa Centros Públicos de Investigación, concebidos como entidades paraestatales pertenecientes a la Administración Pública Federal.
Aunque la capacidad instalada para la investigación se incrementó de manera importante en las instituciones privadas de educación superior, gracias a la política pública de los últimos sexenios, el propósito de la actual iniciativa es redirigir la inversión en estas nuevas entidades denominadas Centros Públicos de Investigación (CPI). De manera que las universidades públicas que hasta ahora habían sido concebidas como el lugar idóneo para la formación y desarrollo de las actividades de investigación, compartirán ahora esa función con los Centros Públicos de Investigación y, consecuentemente, el gasto público dirigido a ella.
Uno de los temas que más atención ha recibido es el relativo a la libertad de investigación. Aunque en la propia iniciativa se dice que ésta se respetará, no veo de qué forma combinarán esta libertad con los problemas de investigación que el Estado definirá como prioritarios. Obviamente, los investigadores pertenecientes a estos Centros Públicos de Investigación no tienen esta libertad, pues los problemas a investigar están dictados por la Agenda Nacional derivada del Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada período sexenal.
Y nuevamente nos preguntamos, esta falta de libertad de investigación ¿en qué afecta a las universidades públicas si ellas tienen garantizada esta libertad en la fracción VII del artículo 3º constitucional?
Estrictamente hablando en nada. Esta iniciativa, de ser aprobada, se constituiría en ley reglamentaria de la fracción V del artículo 3º no de la fracción VII que garantiza la autonomía a las universidades que lo son por ley.
En realidad, lo que está planteado es el derecho del Estado a crear todo un conjunto de entidades paraestatales para desarrollar una actividad que hasta ahora se había reconocido como propia de las instituciones de educación superior y, específicamente, de la universidad pública.
Históricamente, esta iniciativa se asemeja en su origen y sus objetivos, a la decisión del presidente Lázaro Cárdenas cuando decretó la creación del Instituto Politécnico Nacional. Ahora también esta institución tendrá que compartir con los Centros Públicos de Investigación los recursos públicos asignados a la investigación.
No sabemos si esta iniciativa se aprobará o no, pero lo que sí sabemos es que la investigación se ha desarrollado aquí y en todas partes siempre ligada a la docencia y una iniciativa como la presentada convierte a esta actividad, naturalmente desarrollada para sustentar una docencia comprometida con la verdad y la pluralidad ideológica, en una actividad contratada para resolver los problemas considerados como tales en la Agenda Nacional.
Sin duda es este un asunto que merece una mayor y cuidadosa reflexión dada la trascendencia de su posible aprobación.
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
