De cara a las elecciones de 2024, los partidos de Puebla ya perfilan a varios políticos para contender por algún cargo de elección popular, pero tras la aprobación de la Ley 3 de 3, que busca evitar que deudores alimentarios consigan un puesto público, deberán hacer bien su selección en todo el estado y no hacer trampa al postularlos en municipios del interior, donde estos hechos puedan pasar desapercibidos.

De acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), los deudores alimentarios no podrán ser candidatos a puestos de elección popular, ni jueces o magistrados local o federal, tampoco podrán salir del país, realizar trámites como la licencia o permisos de conducir o pasaporte o documento de identidad y de viaje.

De igual forma, estarán impedidos para hacer trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales.

La atención a este tipo de violencia económica ha sido una exigencia social desde hace mucho tiempo, ya que vulnera, principalmente, a madres y niños quienes quedan en la desprotección, por lo que, si quieren ser coherentes, las fuerzas políticas deben irse con pies de plomo en el tema y saber elegir a sus candidatos, no sólo a los más visibles, en la zona metropolitana y municipios clave, como Tehuacán, sino también en aquellos de las sierras y la Mixteca, donde sería más fácil ocultar “pasados oscuros” de perfiles.

El partido Morena en la entidad ya anunció que está haciendo un listado de aspirantes a todos los cargos con sus propuestas, trayectoria y este tipo de hechos, para evitar “que se cuelen” perfiles no idóneos. Habrá que ver si al final logra esquivar este tipo de perfiles, al igual que su mayor aliado, el PT, en el cual milita Ángel Rivera Ortega, quien ya fue exhibido como deudor en un tendedero de denuncias este Día del Padre.

Por su parte, la bancada del PAN impulsó su versión de la “Ley Sabina” para la creación de un Registro de Deudores Alimentarios en Puebla, por lo que se sumó a otras dos iniciativas que presentaron Morena y el PT sobre el mismo tema.

Al respecto, es necesario mencionar que desde noviembre de 2022 el diputado Eduardo Alcántara Montiel fue exhibido como deudor alimentario durante una manifestación en el Congreso local, pero éste rechazó la acusación, aunque este año tuvo que pedir una disculpa pública por cometer violencia política de género en 2021 contra Érika de la Vega.

Por su parte, para el PRI, el panorama es más complicado ya que, en este Día del Padre, colectivas colocaron un tendedero de denuncias sobre el tema en el zócalo de Puebla el cual incluyó al líder municipal del PRI, Sebastián Hernández. La exigencia no es nueva, pero hasta el momento se desconoce si la presión social logrará que el político asuma su responsabilidad y el partido tome cartas en el asunto.

Asimismo, la sombra de Javier López Zavala también tiene cierto peso, quien llevó la violencia al extremo y se convirtió en el autor intelectual del feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, asesinada en mayo de 2022.

Respecto al tendedero de denuncias de este día, además del priista y el petista, figuró Michel Chaín Carrillo, quien incluso ya cuenta con una vinculación a proceso por violencia familiar.

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