El Senado de la República se encargó de poner fin a los onerosos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Con esto, se reintegrarán a la hacienda pública más de 15 mil millones de pesos.
Un fideicomiso es un instrumento financiero en el cuál se invierte dinero que, con el paso del tiempo, genera intereses por lo que el dinero va aumentado. Además a esto, la cantidad que hay en su interior no puede ser fiscalizado. Este tipo de instrumentos dan cabida a la especulación financiera.
Por ello, el gobierno de AMLO ha emprendido una lucha contra la eliminación de algunos fideicomisos, porque eran un saqueo al erario y no tenían ningún impacto en la sociedad. La propuesta en contra del Poder Judicial venía del legislativo, lo cual resulta congruente con la batalla emprendida por la 4T.
El Poder Judicial se ha movilizado, ha tomado las calles, se ha puesto sus boinas verde olivo para defender a capa y espada este atropello (aunque parece una férrea defensa de los intereses de unos cuantos, porque eso sí, los jueces, ministros y magistrados que se han dedicado que reine la impunidad).
Los acontecimientos actuales, no demandan más que la imperante necesidad de una reforma al poder judicial, en donde no sólo se pueda saber que pasa con el dinero que millones de mexicanos destinan a este poder; sino que también, deje de ser una cofradía y se ponga alcance del pueblo, que se deje de argucias leguleyas y sea garante de justica. Lo cual ha sido llamado por López Orador como el llamado plan “C”.
Si los jueces, ministros y magistrado optan por ampararse, además de ser (literal) juez y parte, quedaría claro el fuerte conflicto de intereses que hay en el fondo. ¿Quiénes son lo únicos que pueden determinar que otras instancias de otros poderes actúan incorrectamente? Ellos, los mismo que encontrarían algún argumento legaloide para seguir actuado de la misma manera.
Sin embargo, más allá de eso, significaría un fuerte golpe a la cuarta Transformación, por lo que la única salida es que garantizar que desde el poder legislativo se puedan empreder acciones para reformar la constitución y se vuelvan a formar cofradías bastante empoderadas. Nos vemos en 2024.
