El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) en su informe sobre la incidencia delictiva respecto al tercer trimestre del año, señala que existe una relación inversa entre el número de delitos cometidos y el inicio de las investigaciones de los delitos; es decir, ante un número mayor de registros en delitos, se abren carpetas de investigación en menor proporción.
Por poner un ejemplo, el caso de los feminicidios presentados en este período son siete de los cuáles, sólo tres cuentan con carpeta de investigación; homicidio doloso, se han presentado 211 caso, de lo cuáles se está indagando sólo en 136 casos.
Los mismo en el caso de homicidio culposo, que a pesar de tener un ligera baja pasando de 109 casos a 93, sólo tiene abierto 56 carpetas de investigación.
Esto, coincide con la información proporcionada por el Inegi en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal que analiza el año 2022 pues, aunque la temporalidad no corresponda, el comportamiento sigue siendo similar.
De las dos mil 700 personas vinculadas a proceso sólo 318 tuvieron una sentencia condenatoria, o sea, el 11.7 por ciento.
Podríamos decir que las cifras no fallan, que son la explicación exacta de una problemática muy grande; también podríamos decir que no, que no lo son todo, que habría que profundizar en el análisis, etc, etc.
Sin embargo, y lo que al final si es real, es que la impartición de justicia en Puebla aún brilla por su ausencia. Es decir, no existe una eficacia real en el poder judicial o fiscalía que permita resolver si tal o cual presunto delincuente es responsable de tal o cuál delito.
En conclusión, lo que vemos, es que es muy importante no sólo mejorar la estrategia de seguridad para reducir el número de delitos cometidos día tras día. Sino que también es necesario mejorar la comunicación entra las instituciones del Poder Judicial (jueces y fiscalía) para que la impartición de justicia sea garantía de todos los ciudadanos y no un privilegio al cuál pueden acceder unos cuantos.
