La producción y distribución de hidrocarburos es, sin duda, un tema de seguridad nacional, no sólo por la cualidad de paraestatal que tiene Petroleo Mexicanos, sino también por su carácter histórico como empresa que genera una identidad, derivado de la expropiación gestada por el General Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, existe una problemática en torno a ello, el robo de combustible; el cual tuvo su proliferación a inicios del siglo XXI, dónde a nivel nacional se hurtaban, en promedio, 800 pipas diarias, dejando ganancias de hasta 200 millones de pesos.
Aun cuando el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador haya implicado una reducción significativa en el robo de hidrocarburos, generando ahorros millonarios, el tema se traslada también a las autoridades estatales y municipales, quienes deben realizar tareas de prevención.
Y es que, desde el auge robo de combustible, las familias ven más factible dejan de realizar trabajos o actividades económicas por lo “mal remuneradas que están”, por lo que optan por el camino de la ilegalidad que, aunque de manera esporádica, permite obtener “un poco más”. Por eso mismo, ya no sólo basta con robar gasolina, sino que ahora también es gas lp.
En 2018, en Puebla se encontraron 556 tomas clandestinas para el hurto de este tipo de hidrocarburo; y de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), de enero a septiembre de este año van 613 tomas encontradas en el estado.
Esto ha traído oleadas de violencia en nuestro estado, dejando como resultado un número elevado de muertes. Tan sólo lo sucedido en Santa María Xonacatepec, dónde fueron asesinadas cinco personas, y que se presume este relacionado a este delito; o la supuesta disputa por el municipio Palmar de Bravo, dónde apenas fueron hallados tres cuerpos mutilados.
Ahora el reto es: que exista una coordinación real entre el ejecutivo estatal encabezado por Sergio Salomón y los ediles de la región dónde se realizan estos delitos; dejarse de estar “aventando la bolita” para evadir la responsabilidad correspondiente, como recientemente lo han hecho el edil de la capital poblana, Eduardo Rivera, con el gobernador.
Se debe garantizar la salvaguarda de la ciudadanía, trabajar realmente para que las familias opten por otros caminos que no sea la delincuencia. En pocas palabras, se debe tomar cartas en el asunto ¡ya!
