Una práctica desfavorable entre los funcionarios públicos es intervenir en los procesos electorales para colocar a sus candidatos, ya sea económicamente (financiamiento de campañas) o bien, aprovechando el peso de su cargo para operar a favor.
El más conocido es el Pemexgate, dónde se utilizó al sindicato de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para desviar cuantiosas cantidades de dinero que fueron a parar a la campaña del candidato priístas, Francisco Labastida.
Otro ejemplo es la utilización del cargo como lo fue el caso de Emilio Lozoya Austín, exdirector de Pemes, el cual aprovecho su posición para operar y recibir dinero de empresas privadas que fue a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy insistente en dejar de lado estas prácticas, pues además dentro de su gobierno no se ha presentado un caso como los antes mencionados.
El pasado martes, el edil Adán Domínguez Sánchez expresó en conferencia de prensa que todos aquellos que quieran apoyar a un candidato tendrán que hacerlo en horarios y días fuera del horario laboral, así se evitará el aprovechamiento de los recursos públicos para las campañas. De lo contrario, los funcionarios tendrán que renunciar.
Falta que desde el ejecutivo estatal se dé una declaración que refuerce lo dicho por la presidencia y el municipio, pues el reto de mantenerse al margen del proceso electoral corresponde a los tres niveles de gobierno.
