La muerte del niño José Alberto Tehuatlie Tamayo tuvo su origen en el Congreso del estado, quienes levantaron la mano y defendieron la “Ley Bala”, ellos facultaron a los policías a disparar la bala de goma que le quitó la vida al menor el 19 de julio de 2014.
Nueve años después aparece el fantasma de una ley utilizada para reprimir a un sector vulnerable de la población, que está siendo promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla por José Félix Cerezo Vélez.
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Y es que los linchamientos no se dan para defender las llantas de una camioneta Mercedes Benz, para defender un spa o por el ingreso ilegal a un fraccionamiento.
Los linchamientos ocurren en localidades marginadas, en pueblos sin servicios básicos, en donde los rumores y los miedos no se pueden contener porque no hay una autoridad en quien confíen y que llegue a tiempo para atender las demandas de seguridad.
La llamada “Ley Bala” en menos de tres meses cobró la vida de un niño, nueve años después, se piensa en labor legislativa, solicitar inversión para compra de tanquetas de agua a presión y la creación de grupos de élite.
¿Invertir en programas efectivos de prevención del delito? No, mejor busquemos mecanismos de represión.
