En medio de la confrontación creciente entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el senador Alejandro Armenta Mier y el diputado Ignacio Mier Velazco, aspirantes a ir por la gubernatura poblana con Morenas, ya se subieron a la contienda con iniciativas propias y hasta denuncias públicas.
Este jueves, llamó la atención nacional que la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, considerada ahora una de las principales antagonistas de la llamada “cuarta transformación”, confirmara que, el martes por la noche, envió al senador poblano una serie de mensajes de reclamo, a través de WhatsApp, por su iniciativa para “democratizar” el Poder Judicial de la Federación.
En la víspera, el propio Armenta Mier, desde la tribuna de la Comisión Permanente, ya había denunciado estos mensajes como “intimidaciones”, “presiones” y hasta “amenazas”.
“Usted puede ver a los ojos a su hijo o hijas después de lo que dice? (…) La vida nos juzgará (…) Y si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema”, son algunos de los mensajes enviados por Piña Hernández, quien, asimismo, pone hasta seis emojis de caritas llorando de risa (🤣) cuando Armenta Mier la reta a decírselo en público.
Tras la aceptación de la ministra, Armenta Mier anunció que analiza proceder legalmente contra ella, pues los considera “amenazas” y una injerencia del Poder Judicial en su trabajo como legislador.
Aunque parece poco probable que una denuncia prospera, lo cierto es que este incidente trajo de nuevo a la discusión pública la iniciativa de reforma constitucional que, desde marzo, presentó el senador poblano para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
Para ese entonces, ya se configuraba un ánimo contrario a la “4T” dentro de la SCJN tras el escándalo suscitado por la revelación, desde los grupos opositores, del plagio en la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, una de las tres nombradas a propuesta de López Obrador, y cuya aspiración a presidir el tribunal constitucional se vino abajo en diciembre de 2022, lo que abrió paso al ascenso de Piña Hernández, designada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Entre abril y la primera semana de mayo, la SCJN, con la ministra Piña a la cabeza y por mayoría de votos, echó abajo los decretos para incorporar la Guardia Nacional (GN) a las Fuerzas Armadas y la primera parte del llamado “plan B” de la reforma electoral.
Tras la invalidación de este último decreto, López Obrador terminó por sentenciar que el Poder Judicial “no tiene remedio” y adelantó que su plan C no sería insistir en esa reforma a leyes secundarias, sino en que los votantes den, en 2024, la mayoría calificada a Morena y sus aliados en el Congreso federal, a fin de impulsar una reforma profunda a dicho poder.
Y en este punto, Ignacio Mier, conocedor de la complejidad de tal propuesta y de la manera de hacer política del presidente, no pasó por alto la señal y tomó la iniciativa de proponer la organización de una consulta popular para decir si los jueces, magistrados y ministros deben ser electos por voto popular.
El miércoles pasado, la propuesta hizo eco en Palacio Nacional y fue avalada por el mismo López Obrador, aunque reconoció que tendría que realizarse después de las elecciones de junio de 2024. No obstante, el mandatario se animó a plantear la pregunta:
“¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? Sí o no”, planteó.
Por ahora, el destino de las iniciativas de Armenta y Mier se avizora incierto. Sin embargo, los dos han sabido interpretar las señales de López Obrador rumbo a 2024 y subir a una contienda que, si bien no se pelea en Puebla, les da visibilidad nacional y un proyecto legislativo a desarrollar en el futuro si sus aspiraciones no se ven satisfechas con una candidatura. Claro, siempre y cuando la “4T” cumpla su ambiciosa meta de aumentar su mayoría en ambas cámaras del Congreso federal.
