Con la reforma a la Ley Minera, aprobada por la Cámara de Diputados y que el Senado revisará, el gobierno federal y las empresas deberán respetar el derecho de los pueblos a la consulta previa a proyectos extractivos y no imponerlos, como se hizo en el pasado, lo cual derivó en conflictos sociales.
Tras modificar la propuesta inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante una iniciativa suscrita por el diputado poblano Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena, la Cámara de Diputados aprobó, en la madrugada del viernes pasado, la reforma a la Ley Minera, que permanecía intacta desde que se decretó, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En realidad, los diputados que avalaron la propuesta, encabezados por Morena, modificaron también las leyes de de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Uno de los cambios más llamativos respecto a la propuesta presidencial es que la duración de concesiones quedó en 30 años, no en quince, con la posibilidad de extenderlas en dos ocasiones, de 25 años cada una, por lo que podrían alcanzar 80 años.
Ante la pregunta de Ángulo 7 sobre la razón de este cambio, Mier Velazco comentó que los empresarios mineros lo pidieron a los diputados, pues señalaron que una concesión de 15 años no da tiempo suficiente para la exploración y explotación de yacimientos.
No obstante, Mier enfatizó que, a diferencia del pasado, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, entregará las concesiones mediante licitación y las podrá retirar si no hay trabajo en dos años.
En cuanto a los comunidades y pueblos, sostuvo que la reforma les reconoce su derecho a una consulta previa e informada, la cual debe ser costeada por la empresa. Además, recibirán parte de las utilidades netas como contraprestación.
Por su parte, la organización Fundar, que asesoró legalmente a la comunidad de Tecoltemi en su oposición a los proyectos de Minera Gorrión en Ixtacamaxtitlán, consideró que la reforma representa un avance al retirar la preferencia de la minería como actividad económica, aunque señaló que el Senado debe revisar la duración de concesiones de agua para uso de la minería y cómo se realizarán los estudios de impacto ambiental, a fin de que las empresas no los encarguen a modo.
Ahora, la reforma está en la cancha del Senado, donde se prevé votarla en un periodo extraordinario después del 30 de abril. Falta ver si esta cámara aprueba las modificaciones de los diputados o devuelve la iniciativa con correcciones.
Y una vez aprobada, habrá que observar que el Estado y la iniciativa privada cumplan esta Ley Minera, a fin de evitar las violaciones a derechos fundamentales, imposiciones y conflictos sociales asociados a la explotación minera desde el salinismo.
