La violencia obstétrica cometida contra menores de edad podría castigarse con una pena de hasta nueve años de prisión, cuando se cometa contra menores de edad, según plantea la iniciativa de la diputada de Morena, Daniela Mier Bañuelos, presentada en el Congreso local.
En el dictamen de su iniciativa, la legisladora expuso que este crimen sigue teniendo graves “proporciones” en Puebla, en un entorno donde siete de cada diez mexicanas de entre 15 y 18 años han tenido al menos un hijo, según citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Subrayó que la violencia obstétrica es consecuencia de una mala práctica médica que ocurre durante el parto y a lo largo del embarazo, dentro del sistema de salud estatal, clínicas municipales y en otras redes de atención.
Esta agresión puede ser física y psicológica, y entre las principales conductas destacan cesáreas hechas sin justificación; esterilización no consentida o forzada; el suministro inadecuado de medicamentos, así como retrasar la atención o discriminar y ofender a las mujeres embarazadas, precisó la diputada.
De esa forma, Mier Bañuelos propuso una modificación al artículo 356 Bis del Código Penal estatal, para fijar que las penas sobre las distintas variantes de violencia obstétrica aumentarán hasta en una mitad en Puebla, cuando se comentan “en contra de algún menor de dieciocho años”.
Penas serían de 4 años y medio a nueve de prisión
De esa forma, la pena por no dar atención médica oportuna; alterar el proceso del parto con otras técnicas; proceder sin consentimiento y practicar cesárea cuando no sea necesario, será de entre cuatro años y medio a nueve de prisión, ya que actualmente es de tres a seis.
La multa actual es de 4 mil 811 a 28 mil 855 pesos, por lo que pasaría de 7 mil 216 a 43 mil 282 pesos.
En cambio, la prisión sería de un año dos meses a cuatro años y medio, cuando la violencia se ejerza mediante acoso o presión psicológica de la partera o personal médico para afectar la maternidad; cuando se impida el acercamiento del recién nacido a la madre o se la obligue a parir de forma distinta a la que acostumbra.
También habrá pena de prisión cuando haya posibilidad de aplicar dicha alternativa; cuando sea fotografiada o grabada; ingrese o intervenga personal médico no acreditado y sin consentimiento, al igual que si la embarazada es víctima de violencia física, sexual o emocional, incluyendo el “maltrato verbal”, durante su proceso de gestación.
Para estas agravantes, la multa sería de 7 mil 216 a 19 mil 244 pesos, pues hasta el momento es de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso para su análisis.
LPR
