Teziutlán y Amozoc, opacos en salarios de sus ayuntamientos: Igavim
Teziutlán y Amozoc, opacos en salarios de sus ayuntamientos: Igavim. Foto: Especial
Teziutlán y Amozoc, opacos en salarios de sus ayuntamientos: Igavim
Teziutlán y Amozoc, opacos en salarios de sus ayuntamientos: Igavim. Foto: Especial

Los alcaldes de Puebla, Cuautlangingo y San Andrés Cholula son los mejor pagados de entre los 10 ayuntamientos más poblados de la entidad poblana, cuyos salarios van de los 73 mil a los 186 mil pesos mensuales; Teziutlán y Amozoc no han transparentado esta información.

Así lo informó el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) en su estudio “Salarios del cuerpo edilicio. Los 10 municipios más poblados del estado de Puebla”.

Solo Teziutlán y Amozoc, encabezados por Carlos Enrique Peredo Grau y Mario de la Rosa Romero, respectivamente, no respondieron a la solicitud de información del observatorio ciudadano, sin embargo en el caso de Amozoc se pudo obtener la información en la Portal de Transparencia Nacional, cuyo salario es de 68 mil 974 pesos.

16 puestos en Comuna poblana ganan más de $70 mil

Por otra parte, el salario bruto mensual del actual presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, oscila entre los 156 mil 629 pesos como mínimo y 186 mil 932 pesos máximo, asimismo al menos 16 puestos de su ayuntamiento tienen un salario superior a los 70 mil pesos.

Puntualizó que en el caso de la Comuna de Puebla se tiene publicados solo los rangos de los salarios brutos y netos mínimos y máximo del presidente municipal, regidores y síndica municipal, por lo que es necesario que se publiquen los montos fijos actuales.

El Igavim señaló que los alcaldes con mayores salarios brutos mensuales son: Rivera Pérez de Puebla con un mínimo de 156 mil 629 pesos y un máximo de 186 mil 932 pesos; Filomeno Sarmiento de Cuautlancingo con 78 mil 974 pesos y Edmundo Tlatehui Percino de San Andrés Cholula con 73 mil 170 pesos.

Aseguró que no hay montos máximos ni leyes que los obliguen a someterse a ciertos límites respecto a los salarios, tampoco reglas de transparencia claras ni de aplicación nacional que sancionen los excesos de los munícipes y de sus gabinetes, y menos existe algún consenso sobre un método que considere, por ejemplo, el tamaño de la población y la capacidad financiera del ayuntamiento para determinar las dietas de los funcionarios.

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