En 2020, se estimó que en Puebla había 29 mil 860 migrantes y personas que buscaban refugio, de los cuales 15 mil 938 correspondían a menores de edad, es decir el 53.4 por ciento. El estado se ubicó en el lugar 17 con mayor población de niños y adolescentes en estas condiciones.
La edad promedio de los menores migrantes y refugiados en la entidad poblana fue de 17 años, así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob) Federal por conducto de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (Upmrip) en un estudio sobre cómo la población migrante y refugiada son percibidas, el cual fue publicado en la revista Movilidades 10, Análisis de la Movilidad Humana.
De acuerdo con este análisis, en el país se registraron un millón 169 mil 872 migrantes, de los cuales 555 mil 270 correspondían a menores, es decir el 47.5 por ciento.
En el análisis se señaló que entre la población de 18 años y más, el 65.1 por ciento percibe que entre la gente de una colonia o localidad existen prejuicios hacia personas en contexto de movilidad de otros países; mientras que el 56.4 por ciento considera que en México se respetan los derechos de las personas extranjeras. El 74.6 por ciento de las y los entrevistados no están de acuerdo que se les niegue una fuente de empleo.
Asimismo, el 53.3 por ciento de las personas entrevistadas consideró que las y los centroamericanos y de otros países que llegan a México por violencia o desastres naturales se les debe ubicar en algún refugio hasta que puedan regresar, el 33.3 por ciento cree que se les debería dar papeles para vivir en el país, el 12 por ciento señala que habría que retornarlos a sus lugares de origen, y el 1 por ciento preferiría que se cerraran las fronteras.
El documento, destaca que las construcciones sociales y narrativas que se forjan alrededor de la migración y el refugio no deben ser subestimadas, pues si se piensa que las personas en contexto de movilidad quitan empleos, generan inseguridad o traen enfermedades, se gesta un ambiente social propicio para la prevalencia de opiniones de rechazo, xenofobia y discriminación; conductas que no abonan a la integración de esta población, atenta contra sus derechos humanos y crea barreras que dividen y polarizan a la sociedad que las recibe.
Por lo que resulta imprescindible fomentar la integración e inclusión de las personas migrantes y refugiadas en el país, que genere un impacto positivo en los vínculos culturales, económicos y sociales entre personas diversas, acotó.
