La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la decisión del INAI para reducir de cinco a dos años la clasificación de los contratos y los comprobantes de pago de las vacunas contra Covid-19 adquiridas por el gobierno federal desde el 2020.
Este lunes, los magistrados del pleno resolvieron los recursos de revisión que presentó el Gobierno de México en contra de las resoluciones RRA 1899/21 y 2391/21, dictadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en mayo de 2021.
En el primer caso, el INAI ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrir al público toda la información sobre los contratos de las vacunas compradas a Pfizer, AstraZeneca, Sputnik y Cansino en 2023, y no en 2025 como determinó tras la adquisición.
Sin embargo, ocho de los 11 ministros de la Corte coincidieron en que la divulgación de las condiciones de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional al obstaculizar o bloquear la prevención o combate de pandemias en el país.
Divulgación, riesgo para seguridad nacional
Así, dieron la razón al gobierno federal para clasificar los contratos como reservados por un periodo de 5 años, aunque ello no impide divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos reservados o no confidenciales (datos personales y secreto comercial).
En el segundo caso, determinaron que los comprobantes de pago también deben ser reservados por 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional por la misma razón.
En mayo de 2021, ante las resoluciones del INAI, la SRE activó una plataforma digital que permite consultar versiones testadas (con la mayor parte de la información reservada) de los acuerdos de adquisición de las vacunas contra la Covi-19 firmados por el gobierno federal con Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac.
Revocaciones se suman a una de FGR
Esta revocación de dos resoluciones del INAI por parte de la SCJN se suma a la que este tribunal determinó el pasado 12 de mayo.
En esa ocasión, el tribunal invalidó la resolución del INAI que ordenaba a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a un particular el nombre y cargo de todo el personal con tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, entre los que se incluyen agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales y Peritos.
Lo anterior, con el argumento de que divulgar la información requerida podría comprometer el ejercicio de las facultades constitucionales de la FGR y, con ello, la seguridad pública del país,
LPR
