La iniciativa de reforma eléctrica no busca excluir a las empresas privadas del mercado, sino que el Estado ponga orden y renegocie contratos para que paguen los costos totales de despacho, a fin de que que los precios de la luz bajen o se estabilicen.
Así lo expuso Humberto Morales Moreno, profesor del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, durante el quinto foro del Parlamento Abierto sobre la iniciativa presidencial.
El evento se tituló “Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica; participación del sector privado en la Industria Eléctrica”.
En sus intervenciones, el académico de la BUAP señaló que, a raíz de la reforma energética de 2013, se otorgaron permisos “de manera irresponsable” a empresas “que han especulado con los contratos de concesión”.
A su vez — indicó– la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene que compra la energía que generan dichas empresas, las cuales no asumen los costos de transmisión y distribución a través de la red que ha creado la empresa del Estado.
En este sentido, ejemplificó que “las sociedades de autoabasto”, que no pagan el costo total del despacho, simulan tener socios, pero les cobran como clientes sin invertir en la transmisión.
Contratos deben renegociarse con nuevos paradigmas
Por lo anterior, Morales Moreno explicó que, si se aprueba la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los contratos de la CFE con empresas privadas deberán renegociarse con base en dos paradigmas distinto.
El primero –detalló– es que el cálculo del despacho tendrá que realizarse a partid de los costos totales y ya no sólo con costos marginales.
“¿Qué significa esto? Se trata de que las empresas que invierten en el mercado eléctrica mexicano realmente tengan una cifra de negocios que permita transparentar que sus inversiones van en el sentido de generar un despacho realmente competitivo porque eso es lo que va permitir que los precios del servicio de electricidad vayan a la baja o se estabilice por lo menos”, abundó.
El segundo paradigma –continuó– consiste en que las empresas privadas cubran los costos de las redes de transmisión y distribución, que son de la CFE, pero que han sido administradas por los privados a través de los órganos reguladores.
Agregó que “no se trata de sacar a los inversionistas del mercado, se trata de hacerlos entender que el servicio de electricidad no es una “commodity” cualquiera, es un servicio estratégico y es un derecho humano para toda la población. En un país con tantas desigualdades, no podemos darnos el lujo de dejar el servicio eléctrico en manos del mercado”.
