El colectivo Justicia Transversal Mexicano (JTM) pidió a la Suprema Corte intervenir para que se conceda el amparo que solicitan empresas que denunciaron a funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por presunto fraude y desvío de recursos.
El abogado del colectivo, Mauricio Santiago Eder, se dirigió a Arturo Zaldívar Lelo Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para darle a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga los hechos.
Refirió que se denunció una compra simulada en la que autoridades de esta institución desviaron 9 millones de pesos del erario.
De acuerdo con la investigación, funcionarios de la dirección general de Cómputo y de Comunicaciones del IPN exigieron, en contubernio, con Telecomunicaciones VG y Asociados, 6 millones de pesos a cambio de pagar 9 millones 257 mil pesos que se adeudan a empresas que realizaron los trabajos de mantenimiento.
Funcionarios pidieron comisión por contrato, acusan
Tras ganar el contrato IPN-PS-LICI-020-2021, funcionarios de la institución se negaron a firmarlo sin pactar una comisión que equivale a una tercera parte del monto total, es decir, una comisión de 6 millones de pesos.
Santiago Eder recordó que se interpuso un juicio de amparo que le tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el pasado 4 de abril de 2022 sin emitir sentencia.
“Los presuntos hechos de corrupción ya los investiga la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública, pero se necesita la pronta acción del Poder Judicial para evitar dejar en el desamparo a las víctimas”, expuso.
Sostuvo que dentro de la indagatoria ministerial, se detalla que quedó vulnerado el derecho de la conexión al servicio de internet y de telefonía digital de la comunidad politécnica, al quedar comprometidos el servicio de mantenimiento, que gastas el momento no se ha liquidado.
“Las investigaciones señalan a funcionarios cercanos al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, como responsables de presuntos actos de corrupción donde aparecen los nombres de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo y subalternos como David Eduardo Magaña Martínez y Francisco Javier Hernández Betancourt, de la dirección de Cómputo y Comunicaciones”, recordó.
Estos funcionarios públicos están acusados por afectar a la comunidad politécnica al vulnerar sus derechos humanos, sino también de obstaculizar el proceso de adjudicación de bienes y servicios del IPN y evitar firmar un contrato de servicios, tras un hecho ilegal y de corrupción.
La indagatoria resalta que Gilberto Reyes, uno de los representantes de Telecomunicaciones VG, se identificó como primo del director general del Instituto Politécnico Nacional, que dirige Arturo Reyes Sandoval, por lo que “debería acceder a la solicitud del cobro de dicha comisión de 6 millones de pesos, para lograr obtener su pago de 9 millones de pesos.
Cabe señalar que el nombre de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo, aparece, además, en carpetas de investigación en las procuradurías capitalina y federal por presuntos actos de violencia sexual en contra de mujeres que integran la comunidad del IPN.
LPR
